El debate sobre los transgénicos en Chile empieza cuando la transnacional Monsanto, evaluada como la peor empresa del mundo en 2010, ya ha sido autorizada para operar en nuestro territorio.
La reciente ratificación en el Senado del polémico convenio Upov 1991 reveló una realidad escalofriante para los chilenos: la empresa norteamericana Monsanto, en el corto plazo, será la dueña de la mayoría de las semillas campesinas e indígenas de nuestro país, esto debido a que tarde o temprano las especies transgénicas –patentadas por Monsanto– se cruzarán con las nativas o puras, ubicadas en predios y campos vecinos, generando “hijos mutantes” que llevarán la marca registrada de la transnacional dueña del “híbrido”.
Esta estrategia es utilizada por Monsanto en todo el mundo, pues le permite en un corto plazo, controlar el negocio de las semillas. Así lo ratifica Dan Ravicher, director ejecutivo de la Fundación Pública de Patentes (PUBPAT, por sus siglas en inglés), quien durante una reciente demanda realizada en Estados Unidos contra la transnacional, señaló que “algunos piensan que las semillas transgénicas pueden coexistir con las orgánicas, pero la historia nos dice que esto no es posible, y actualmente el interés financiero de Monsanto es eliminar las semillas orgánicas para que puedan tener el monopolio total sobre nuestra cadena de alimentos”.
De acuerdo con la información del sitio web de PUBPAT, efectivamente, algunos cultivos han resultado contaminados con semillas transgénicas de manera accidental, por ejemplo por polinización cruzada. Por ello aseguran que “parece perverso que un agricultor orgánico pueda ser acusado de infringir los derechos de patentes, pero Monsanto ya ha hecho previas acusaciones”.
Estas ideas yan han sido ampliamente difundidas por la periodista francesa y experta en agroalimentación, Marie- Monique Robin, quien publicó un libro sobre Monsanto, empresa que actualmente es líder mundial en agroquímicos y manipulación de semillas, y prácticamente domina la industria alimenticia internacional, pues tiene derechos sobre la mayoría de la variedades agrícolas.
Según Robin, “en 1992 Monsanto logró que el gobierno norteamericano le permitiera patentar semillas, y hoy la empresa tiene entre sus registros más de 1.000 variedades, todas con fines específicos. Por ejemplo, en Cataluña y Andalucía se cultivan cientos de hectáreas de una variedad llamada BT, por el Bacillus Thurigiensis, una bacteria que se encuentra en el suelo y que es un insecticida natural. Lo que Monsanto hizo fue extraer el gen del BT que produce la defensa a los insectos, y lo inyectaron en el genoma del maíz. El punto es que el insecto que ataca al maíz, llamado piral, no es el único que se aniquila, también caen mariposas, pájaros insectívoros, microorganismos del suelo y otros insectos benéficos y polinizadores”.
La experta francesa agrega que “la situación apenas comienza ahí, pues algunos de los efectos en humanos son las alergias alimenticias, por comer pesticidas sin saberlo. Nuestros cuerpos se encuentran con toxinas que no pueden asimilar. Además este maíz es fértil y por lo tanto se cruza con otros, polinizando variedades puras que se van perdiendo. El tema es grave y muy extenso, pues Monsanto ha avanzado legalmente por el mundo y tiene las leyes a su favor. La escala de competencia es adversa”.
CHILE TRANSGÉNICO
El rechazo en nuestro país a la ratificación del Upov 1991 ha venido de distintos lados. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y la Fundación Terram fueron invitadas a expresar su opinión ante el Senado, mientras que el año 2010 en la Cámara de Diputados, la misma Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y otras organizaciones regionales y locales, ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Para la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, todo parte con la suscripción del convenio Upov 1978, el cual se diferencia del 1991 –recientemente aprobado en el Senado–, en que este último estipula claramente que se requiere la autorización del obtentor (dueño de la marca) para la producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin.
Liberona indicó que “esto ha llevado a que no todos los países que han suscrito a Upov 1978, han adherido a Upov 1991. Hablamos de Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Paraguay, Portugal y Uruguay”.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica– Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer.
PIDEN INTERVENCIÓN DE LA ONU
Para la Red Legislativa Indígena y de Politicas Públicas, este convenio Upov “refuerza un régimen de propiedad leonina y abusiva sobre plantas y variedades vegetales que no se pueden patentar, pero que se pueden apropiar vía los denominados derechos del obtentor vegetal. No entendemos cómo un Convenio Internacional, que se tramita como ley, y que tiene efectos tan graves en los pueblos indígenas, no es consultado como lo dice el Convenio 169 suscrito por el Estado de Chile”
En la Red denuncian que “por ejemplo, el artículo 14 número 2) del Convenio Upov 1991 señala que se requerirá la autorización del obtentor o dueño, es decir, de la transnacional, para la reproducción y la posesión del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, es decir, ahora las empresas extranjeras serán dueñas de las cosechas”.
Flavia Liberona de Terram se suma a esta crítica y advierte que esto “pone en riesgo a la agricultura familiar campesina e indígena, y también sus usos tradicionales, puesto que las variedades que han sido desarrolladas por dichas comunidades podrían ser registradas por otros y de este modo prohibirles su uso”.
Además, tanto la Red como la Liberona coincidieron en señalar que “el Convenio Upov 1991 renuncia a la soberanía de Chile como país, pues en el artículo 10 se dispone que el Estado no podrá negarse a la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración, argumentando que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, o que ésta ha sido denegada o que ha expirado en otro Estado o en otra organización internacional”. La misma Fundacion Terram señala que con ello se desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que las variedades podrían ser inscritas por cualquiera persona, sin respetar los derechos del verdadero obtentor.
En la Red agregan que “el Gobierno ha reconocido que de las 700 variedades vegetales chilenas apropiadas en Chile, 615 están en manos de transnacionales. Durante la tramitación del Convenio, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, señaló que modificarán la ley vigente luego de la aprobación del tratado para permitir que los agricultores pequeños puedan guardar algo de lo apropiado por las transnacionales para autoconsumo. ¿Y de que vivirán las comunidades indígenas, del autoconsumo? Esto para nosotros no representa seguridad alguna, pues son meras palabras del ministro. Luego lo cambian y llega otro Ministro que hará algo distinto. Ya estamos cansados de mentiras. Por eso queremos consulta, amparada por el Convenio 169 de la OIT y supervisada por la OIT y la ONU”.
Por esto, los integrantes de la Red enviaron una carta a Guido Girardi, presidente del Senado, para que “haga las gestiones como jefe del poder legislativo de implementar de manera urgente la consulta indígena para todos los proyectos de ley que usurpan el patrimonio ancestral de nuestros pueblos”.
Firmaron esa carta Ariel León Bacian, presidente de la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, Francisco Vera Millaquen, werken de la comunidad huilliche Pepiukelen, y Rafael Tuki Tepano, consejero indígena por el pueblo Rapa Nui ante la Conadi.
El debate se viene, pero lo más importante es que la información pudo salir a pesar del bloqueo informativo que impera en los grandes medios de comunicación sobre éste y otros temas. Ya son miles las personas que en las redes sociales de Chile y Latinoamérica manifiestan su repudio a la llegada de Monsanto y su industria de transgénicos, otro de los temas que tiene actualmente a nuestro país bajo alerta ambiental.
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Publicado el martes 17 mayo, 2011
Tomado de http://www.cavila.cl/
