Para analizar y comprender los procesos sociales que constituyen
el derecho a la educación en Chile es necesario referirse a los
procesos políticos en los cuales se desarrolla dicho derecho, y que
condicionan sus posibilidades de cumplimiento.
En este sentido, sostendremos que “el principal aspecto a considerar
en este análisis es que, tras la derrota de la dictadura militar
(1973-1990) se produce una de las mayores paradojas de la historia
chilena: la Concertación de Partidos por la Democracia, en su objetivo
de recuperar la democracia por una vía negociada, acepta el
reconocimiento de la Constitución Política de 1980 y, de este modo,
la transición a la democracia en Chile se debe a que el movimiento
democrático, desde 1987 en adelante, se acomoda a las condiciones
impuestas por el gobierno militar, haciendo que el triunfo de
la oposición en el plebiscito de 1988 y en la elección presidencial
de 1989 significara sólo victorias tácticas de la Concertación en el
marco de una aparente derrota estratégica del gobierno militar que,
en definitiva, tuvieron como principal consecuencia la consolidación
de la economía de mercado (Moulián, 1991; Jocelyn-Holt, 1998). En
este contexto, la Concertación de Partidos por la Democracia intenta
transitar, desde 1990 hasta el presente, con cuatro sucesivos
gobiernos, en los márgenes de una Constitución Política y un sistema
económico heredados del régimen militar. Para ello se ha visto obligada a moverse entre la dualidad de, por una parte, aceptar el
rol protagónico del sector privado, una economía basada en las exportaciones
y reconociendo al mercado como el mejor asignador de
recursos y, por otra parte, generan políticas sociales que, desde un
Estado debilitado en sus capacidades de fiscalización, contrarresten
los efectos negativos del mercado. Este proceso fue denominado por
el ex Presidente Aylwin ‘economía social de mercado’” (Almonacid,
2004).
Nos referiremos a este período como un “empate” político, para
mostrar las dificultades sociales que estructuran el proceso político
chileno: ante la imposibilidad (real o percibida) de los gobiernos de
la Concertación de desmarcarse del itinerario trazado por Pinochet,
han primado las posturas de negociación. Este empate, sin duda,
se evidencia en el sistema electoral, a través del cual se ha consolidado
la formación de dos grandes alianzas políticas que obtienen
porcentajes muy cercanos en las distintas elecciones; luego de cuatro
gobiernos sucesivos de la Concertación, se aprecia el constante
avance de la derecha conservadora. Este mismo sistema impide que
los grupos minoritarios alcancen a obtener representación parlamentaria.
En educación, el empate se advierte en la mantención de
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), fue aprobada
el último día del gobierno militar y que los sucesivos gobiernos de
la Concertación han aceptado asumiendo que se trata de un mal
menor.
