Estimados Estudiantes/as: Ha sido un gran honor y motivo de grandes aprendizajes haberlos acompañado durante el año 2011. Lo que ferviente deseo es que sean buenas personas, buenos ciudadanos: pensantes, reflexivos, cultos y activos. http://2011eda.blogspot.com/ http://healing-bioenergia.blogspot.com/ http://oracionydialogo.blogspot.com/ Atte. jlflores, facilitador.
viernes, 19 de agosto de 2011
Camila Vallejo: “La Tercera miente descaradamente”
Molesta de las tergiversaciones del diario de Álvaro Saieh, la dirigenta explica por qué no le dará más entrevistas. Otros dirigentes clarifican lo que el periódico acusa como quiebres al interior del movimiento estudiantil.
A juicio de la presidenta de la Fech, “la Tercera miente descaradamente y ya no vale la pena darle entrevistas”. Las declaraciones las hizo a El Ciudadano en horas previas a la jornada de movilización del jueves 18 de agosto.
Vallejo dijo que “si hay un periódico que miente en Chile es La Tercera. Si El Mercurio es la voz oficial de la derecha, La Tercera miente descaradamente. No le doy ya peso a lo que publican en sus páginas y, en lo personal, no les doy entrevistas”.
El diario de Álvaro Saieh le ha dado especial cobertura a la movilización estudiantil y a la misma Vallejo en particular. En reportajes aparecidos en la sección dominical y en los días previos a las movilizaciones intentan dar luces de quiebres del movimiento estudiantil cuando hay disensos en algún punto de las discusiones al interior de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
También La Tercera pone un par de llamados telefónicos entre funcionarios de Gobierno con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, como si se tratara de “reservadas gestiones” de dicha colectividad política, donde milita Vallejo y otros dirigentes estudiantiles, a espaldas del movimiento universitario.
“La Tercera está totalmente invalidada frente el movimiento estudiantil. Es una vergüenza que todas las noticias que salgan en La Tercera respecto de nosotros sean para mostrar supuestas divisiones, tergiversaciones, hablan de cuestiones que no fueron. Dicen que yo estoy siendo instrumentalizada por el Partido Comunista y al otro día que me manejan los compañeros que les llaman ‘ultras’, que es como llaman a los cabros independientes.. cosas absurdas que pierden total seriedad”.
Vallejo explica que “en la Confech hay diferencias y una diversidad de opiniones frente a las movilizaciones o del avance en una mesa legislativa. Pese a ello tenemos una postura unitaria en rechazar la propuesta del Gobierno”
DIFERENCIAS DE OPINIÓN COMO QUIEBRES
La Tercera es del conglomerado mediático Copesa, que también es dueño de los diarios La Cuarta, La Hora; las revistas Qué Pasa y Paula; y las radios Duna, Carolina, Zero y Beethoven. El grupo de Saieh además es dueño de los supermercados Unimarc y Montserrat y tiene vínculos con las AFP y con la banca, a través de Corpbanca.
Un chascarro de proporciones ocurrió el mismo día de la marcha del 9 de agosto, cuando en la portada de La Tercera se titulaba con un quiebre al interior de la Confech. En la nota se hacía alusión a que en la reunión de la instancia estudiantil efectuada el fin de semana anterior a la protesta, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, pusiera su cargo a disposición al pedir más capacidad resolutiva a la mesa ejecutiva.
La petición de Jackson fue transcrita en el particular estilo del diario de Saieh como un quiebre entre los moderados y los sectores más ‘ultras’.
El propio Jackson se apresuró a responder a través de twitter que “lo q hizo @latercera es una CANALLADA!! periodismo especulativo”.
Gastón Urrutia, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bio Bio (UBB), que según el lenguaje de La Tercera sería uno de los ‘ultras’, le quita importancia a estas segmentaciones y señala que “así llaman los medios y los políticos a los sectores que no creen en la clase política y que desconfiamos de su gobernabilidad. Como tenemos ciertas diferencias con los partidos tradicionales, ellos se refieren de manera despectiva a los movimientos diferentes a sus ideologías”.
Urrutia comenta que en la UBB, “antes de tomar las decisiones nos preocupamos de que todos nuestros compañeros sepan de que estamos hablando. Eso lo hacemos antes de participar en los plenos del Confech”.
El dirigente penquista agrega que “hemos tenido diferencias que son obvias en un grupo estudiantil en donde hay varias perspectivas y son dadas por la información que manejas o diferencias de planteamiento frente a alguna cosa en específica. Estas diferencias las llevamos a los plenos del Confech en ánimo de discusión, pero que un sector piense distinto a otros es algo que ocurre hasta en un grupo familiar”.
Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, considera que “el enfoque dado por los medios es absurdo. Hasta con mi mamá discuto en la casa y eso no quiere decir que tengo un quiebre con ella”.
Ballesteros agrega que “no podemos esperar que representantes de 25 universidades estén de acuerdo en todo. Lo que sí está claro es que tenemos un movimiento que lleva 3 meses y seguimos trabajando en conjunto. Y eso parece que les molesta”.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
@kalidoscop
El Ciudadano
jsegundo zamudio
La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochet provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la Republica.
El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. Apenas el 20 % de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. 25 años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy ’sano’ para él.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador. En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.
En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.
El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba.Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’. La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.
Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la Republica el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.
La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochet provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la Republica.
El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. Apenas el 20 % de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. 25 años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy ’sano’ para él.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador. En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.
En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.
El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba.Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’. La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.
Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la Republica el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.
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