Nuevamente las organizaciones se han lanzado a una serie de movilizaciones por mejoras en la Educación. Ellas, junto con las provocadas por la aprobación ambiental para la construcción de la central eléctrica HidroAysén en la Patagonia, ponen en jaque la comparecencia anual del gobierno al Congreso Nacional para la cuenta del 21 de mayo.
La carismática presidenta de la FECH, Camila Vallejo ha declarado que 30 años de crisis en la Educación es demasiado y que “reafirmamos nuestras demandas y seguiremos movilizados hasta obtener una respuesta concreta y favorable por parte del gobierno” a sus propuestas, que buscan recuperar la educación pública y que dice “han emanado desde el mundo social”.
La verdad es que luego de cuarenta años de municipalización de la educación básica y media, y de más de veinte de apertura de mercado en la superior, los resultados que presenta el país no son satisfactorios. La deuda, responsabilidades más, responsabilidades menos, corresponde por igual a una elite política dedicada con ahínco, durante veinte años, a debatir modificaciones parciales en la educación nacional, pero sin tocar el paradigma privatizador iniciado por la municipalización impulsada por el Gobierno Militar en los años 80 del siglo pasado.
El Mineduc, que cada cierto tiempo habla de revolución educativa, requiere pasar de un simple inyector de recursos y evaluador de resultados a ser una institución que impulse una educación prioritaria integral, acorde con las necesidades del país.
La primera gran ruptura, curiosamente coincidente con estas fechas, se produjo el año 2006, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y ocurrió a partir del sector de menor peso político y doctrinario en el mundo de la educación, el movimiento estudiantil secundario, conocido como la Revolución Pingüina. Su desenlace fue la derogación de la llamada LOCE, Ley Orgánica Constitucional de la Educación, considerada hasta ese momento como un pilar intangible de todo el sistema educativo.
Sin embargo, su reemplazo no implicó una reversión de los malos resultados en materia de calidad, ni la recuperación de la educación pública como un fundamento basal de la igualdad ciudadana, ni tampoco desarrollos significativos en materia de gestión. Así lo demuestran los hechos y los resultados.
Los actuales movimientos estudiantiles insisten en que la lógica de la libertad de empresa en educación no ha cambiado con la nueva Ley General de Educación.
Tampoco se han revertido los procesos de exclusión ciudadana, pese a que la matrícula, sobre todo en la educación superior, ha alcanzado tasas históricas. Los problemas de financiamiento siguen siendo crónicos y la política privatizadora acompañada de las focalizaciones perseguidas por la Concertación, han terminado con una educación fragmentada y quebrada, solo al alcance de los ricos en materia de calidad en las llamadas universidades “Cota 1000”.
Las cifras dan la razón a los estudiantes. La matrícula de educación superior actual llega a 987 mil estudiantes, cuatro veces más que en 1990. Pero mientras en esa misma fecha la matrícula de las universidades públicas era de unos 110 mil estudiantes contra 19 mil en las privadas, y en total sumaba con IP y CFT 245 mil estudiantes, hoy la matrícula de las universidades privadas supera los 400 mil, y sumados los IP y los CFT dejan a la educación pública superior solo con un magro 27%.
En materia de gasto total como porcentaje del PIB, Chile presenta uno de los mayores del mundo, con un 7.3%, muy por sobre de Irlanda (4.3%; Japón, 4.7% y Francia, 6.3%). Pero descomponiendo ese gasto según fuente, se llega a la conclusión que el 45% de el, es decir un 3.7% del 7,3 es de origen privado, es decir corresponde a copago de las familias.
Tal cifra en un país que se encuentra entre los 10 con peores distribuciones de ingreso en el mundo, deja expuesta una realidad dramática en materia de financiamiento.
A ello hay que agregar la duración de las carreras y lo que el profesor Sergio Martinic de la Facultad de Educación de la Universidad Católica llama el riesgo de perder la universidad como el último espacio de integración social que le queda al país por las diferencias económicas en materia de financiamiento, muestran un panorama que no se presta para cuentas alegres.
De ahí que se deba pasar de focalización a políticas públicas integrales, lo que hasta ahora ha estado ausente. El Mineduc, que cada cierto tiempo habla de revolución educativa, requiere pasar de un simple inyector de recursos y evaluador de resultados a ser una institución que impulse una educación prioritaria integral, acorde con las necesidades del país.
