viernes, 13 de mayo de 2011

Dos hermanos de María Luisa Brahm ocupan sillones en directorios de empresas estatales

13 de Mayo de 2011
Se trata de Jorge y Joaquín, quienes además participan en varias corporaciones privadas


Dentro de los directorios de las empresas públicas hay ex diputados de la UDI, dirigentes históricos de RN, dirigentes gremiales, y ex altos ejecutivos retirados de la primera línea gerencial y que a la vez ocupan sillones en el sector privado. Los hermanos de la llamada mujer más poderosa de La Moneda, por su cercanía al Presidente de la República y la influencia en las políticas públicas, están en Enacar, Fesub y EFE. Los presidentes mejor pagados fueron los de BancoEstado, Metro y Codelco.
Tal como fue la tónica a la hora de nombrar al gabinete, intendentes y jefes de servicio, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y La Moneda designaron como directores de las compañías del Estado a ex altos ejecutivos del sector privado, empresarios y también a políticos de RN y la UDI.
El segmento de ex gerentes supera, en promedio, los 55 años y entre sus nombres hay tres provenientes de la banca que están dentro de los presidentes de directorios estatales mejor pagados en 2010. Se trata de Segismundo Schulin-Zeuthen (65), quien trabajó 20 años en el Banco de Chile –fue gerente general y presidente- y a quien Sebastián Piñera designó como presidente del BancoEstado. Su sueldo totalizó $93,5 millones en 2010, ubicándose en el primer lugar. En la presidencia de Codelco está Gerardo Jofré (56), de larga trayectoria en el Banco Santander –actual director de Lan y Construmart- cuya remuneración -$53,8 millones- ocupó el tercer lugar. Ex gerente del ABN Amro, Víctor Toledo (56) es el único que ejerce dos presidencias: la de EFE y su filial Merval, por lo que accede al sexto lugar del ranking con $15,6 millones.
María Luisa Brahm, la poderosa asesora del Presidente Sebastián Piñera, tiene a dos hermanos en las empresas del Estado. A Jorge Brahm, -gerente general de la generadora eléctrica Enlasa (privado)-, en la presidencia de Enacar, y quien es el décimo presidente mejor pagado con $10,1 millones. Y a Joaquín Brahm, presidente de Fesub (Ferrocarriles Suburbanos de Concepción), quien recibió $7,1 millones, y además es director de EFE ($3,8 millones). Ex tesorero de la UDI, Joaquín es director de Parque Arauco, Empresa Sanitaria de Los Lagos, inmobiliarias Valle Grande y AGSA.
El SEP escogió a tres empresas de head hunting para la búsqueda de candidatos: Egon Zhender, Humanitas y Spencer Suart, cuyo gerente general ejerce como presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso.
En el caso de RN, su ex secretario general, Roberto Ossandón, ocupa la presidencia de Polla Chilena de Beneficencia y la séptima posición en el ranking de sueldos de presidentes con $13 millones en 2010. Lo acompaña en la mesa Gonzalo Díaz del Río, pro-secretario de finanzas del partido y encargado de seguridad de la Intendencia Metropolitana. Mientras, en la vicepresidencia de BancoEstado, fue designado Roberto Palumbo Ossa (60), uno de los fundadores de RN y ex integrante de la mesa directiva junto a Sebastián Piñera. El banco es la institución que mejor remunera a sus directores, por lo que, siendo vicepresidente, Palumbo recibió $90 millones el año pasado.
La UDI tiene a otro ex tesorero: el experto electoral Andrés Tagle Domínguez, miembro de los directorios (públicos) de Codelco y Polla Chilena de Beneficencia. Y a dos ex diputados: Francisco Bartolucci en Merval y Cristián Leay en la presidencia de la Empresa Portuaria de Antofagasta y ocupando un sillón en el directorio de TVN.
El SEP escogió a tres empresas de head hunting para la búsqueda de candidatos: Egon Zhender, Humanitas y Spencer Suart, cuyo gerente general ejerce como presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso. Cabe señalar que Codelco, BancoEstado, TVN y La Nación no son empresas que funcionan bajo el paraguas del SEP.

Empresarios: un socio de Saieh y un ex Norte Sur

Sin ser muchos, los que además son empresarios reúnen ciertas características. Viven en la región respectiva, tal como los directores de la Empresa Portuaria de Coquimbo, Patricio Rendic Lazo, quien además es socio de la cadena de supermercados que se asoció con Álvaro Saieh; y Daniel Mas Valdez, el mayor empresario inmobiliario de la Cuarta Región y ex mayor accionista como persona natural de Norte Sur, la sociedad que vendió el Banco del Desarrollo al Scotiabank.
Dos de los tres directores de Cotrisa son agricultores y dirigentes del sector. Andrés Santa Cruz López, su vicepresidente, fue presidente de la SNA y es uno de los empresarios más importantes en los directorios públicos en su calidad de accionista de Empresas Lipigas, distribuidora de gas en siete regiones. También está en ABC Din y Pesquera el Golfo. Antonio Walker Prieto, hermano de los parlamentarios Ignacio, Patricio y Matías, es presidente la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta) y socio de la Agropecuaria Wapri.

Metro: sueldo fijo, honorarios y comités

El Metro paga una remuneración fija, honorarios y asistencia a comités. Su presidente Raphael Bergoeing recibió en 2010 la suma de 55, 3 millones, la segunda más alta entre las cabezas de empresas estatales. Sumó otros $4 millones por el directorio de EFE.
Dentro de la escasa presencia femenina hay dos mujeres ligadas a los medios: Anita Holuigue, vicepresidenta de EFE, quien es directora ejecutiva del grupo de radios Dial, directora de Copesa –controladora de La Tercera, La Cuarta, Qué Pasa-, y de Unimarc, del empresario Álvaro Saieh. Cristina Bitar, dedicada a las asesorías comunicacionales a través Azerta, participa en el directorio de Econssa y estuvo en el de La Nación sólo hasta el 15 de octubre del año pasado.
La ex alcaldesa de La Serena, Adriana Peñafiel y Verónica Edwards – socia y vicepresidenta de Adimark-, renunciaron a sus cargos. La primera al Puerto de Coquimbo; la segunda, al Metro.

Monsanto El Veneno Del Diablo Soja Argentina

Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena

Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.
Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.
Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”
LOS AMIGOS DE MONSANTO
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ‘78 y no al ‘91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz