Los intereses tras la privatización de las semillas
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Con la adhesión al Convenio Upov 91 en mayo pasado, Chile está dando el primer pie para masificar los cultivos transgénicos y de paso, ofrecer “en bandeja” a las transnacionales derechos intelectuales de todas nuestras especies nativas. Los conflictos de intereses están a la orden del día, siendo la ex vocera del Gobierno y ahora senadora por la alianza gobernante, Ena Von Baer, una de las principales involucradas por ser propietaria del 15% de una empresa que lucrará directamente con las semillas.Cuando hablamos de transgénicos en Chile hay que entender que existen tres aristas: El Convenio Upov 91, el proyecto de ley de Obtentores Vegetales y además, el proyecto sobre introducción de transgénicos en los mercados nacionales. Todos estos puntos están intrínsecamente amarrados para plasmar el escenario más apto ante la masificación de la transgenia en nuestro territorio. Una cuarta pata de la mesa se completa cuando se ven los conflictos de interés que involucra a personeros de Gobierno y de la Concertación por igual.
Desde el año 1996, en Chile sólo pueden cultivarse semillas transgénicas para exportación. Sin embargo, tras la aprobación de este convenio, se abren las puertas para un millonario negocio que instalará a grandes transnacionales agroquímicas como Monsanto, Bayer, Sygenta y Pioneer, quienes no sólo desarrollarán semillas genéticamente modificadas, sino también se apropiarán de todas las semillas y especies nativas.
Pero en este negocio no sólo están involucradas las transnacionales, sino también muchas empresas chilenas que tienen fuertes lazos comerciales con éstas y a su vez, importantes vínculos con autoridades públicas.
Tal es el caso de la ex ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, quien es actual propietaria del 15% de una de las principales empresas agrícolas industriales del país, según su declaración de patrimonio entregada el 9 de abril de 2010 a la administración pública. El socio mayoritario de la empresa es su padre.
UNA FAMILIA AGROINDUSTRIAL
Semillas Baer, creada en 1956 por Erik Von Baer, trabaja en la producción de semillas bajo el desarrollo de nuevas especies mejoradas de trigo, avena, lupino, raps, quínoa; dominando así más del 50% del mercado nacional.
Los lazos comerciales de la ex ministra no sólo se limitan a esta empresa, ya que Erik Von Baer también integra el directorio de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) y su hermana, Karina, integra el directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien además, en reiteradas ocasiones se ha manifestado partidaria de la introducción de los transgénicos en nuestros cultivos.
Lo complejo de esta situación es que Erik Von Baer es sindicado como uno de los más beneficiados tras la adopción del Convenio Upov 91 y la entrada en vigencia de la Ley de Obtentores Vegetales, ya que al otorgársele derechos de propiedad intelectual a todo quien desarrolle nuevas especies, independientemente si son desarrolladas en laboratorios o pertenecen al patrimonio ancestral de nuestros pueblos.
Pese a esto, la situación de la ex secretaria de Estado ya está siendo investigada por Contraloría General de la República, tras la solicitud presentada por la senadora Ximena Rincón (Democracia Cristiana, DC), quien sostiene que existe un “posible conflicto de intereses” entre la ahora ex ministra Von Baer y la aprobación del convenio.
La senadora Rincón argumentó que “es inaceptable que un Gobierno apoye una ley que beneficie directamente el bolsillo de su vocera, y además esta empresa sea una de las beneficiadas con la firma del convenio”.
Al respecto Ena Von Baer, respondió que la acusación de la senadora DC “es una bajeza, pues este proyecto venía planteándose desde el gobierno anterior, con la Presidenta Bachelet, sus ministros y con la aprobación de políticos de todas las corrientes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; todo mientras yo era profesora en una universidad”, argumentó.
Y en esto la ministra Von Baer no miente, ya que el proyecto sobre la adhesión de Chile al Convenio Upov 91 precisamente fue presentado durante el período previo, al igual que las otras dos iniciativas, e incluso, la aprobación de éste se facilitó con la abstención de los senadores Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Hosaín Sabag, Patricio Walker, Andrés Zaldívar y el voto a favor de Eugenio Tuma. Algunos de los cuales se sabe que tienen negocios con el agro.
Ante esto la empresa Semillas Baer ha tratado de bajar el perfil a la discusión y ha declinado emitir declaraciones públicas ante la solicitud de nuestro periódico. Sólo se conoce que paralelamente mantiene una alianza con otra empresa llamada Saprosem S.A., que comercializa gran parte de las semillas de propiedad de los Von Baer.
LA DESPROTECCIÓN DE LAS SEMILLAS
Ante la arremetida de las transnacionales y de grandes agricultores locales, los más perjudicados serán los pequeños campesinos y comunidades indígenas, que por años han guardado semillas ancestrales de nuestra cultura y que ahora se verán expuestas al dominio de los privados.
Una de las técnicas milenarias que tienen nuestras culturas aborígenes es la de guardar semillas para su perpetuación en el tiempo y para el intercambio con otras especies que les permitan abastecerse de alimentos básicos y naturales de nuestra tierra.
La ley de Obtentores Vegetales dentro del marco legal del Convenio Upov 91, le permitirá a las transnacionales registrar y acaparar el dominio de todas las semillas que encuentren y desarrollen. A la vez, se perseguirá penalmente a todos los que utilicen sus semillas sin el pago debido por la propiedad intelectual que tendrán.
Ejemplo de esto fue lo ocurrido en India, donde hubo masivos suicidios de campesinos endeudados por no poder pagar la semilla de algodón que estaban cultivando. También en Argentina y Paraguay hubo casos donde los campesinos se ven forzados a abandonar sus predios y se convierten en desempleados ante el alto encarecimiento de las semillas.
EL LUCRO EN LOS ALIMENTOS
Los organismos modificados genéticamente (OMG) nacen de la intervención de una semilla a la cual se le incorporan genes de otros reinos –animal y mineral- para brindarles características ajenas a su estructura molecular. Por ejemplo; al maíz le incorporan genes de bacterias para transformarlos en insecticidas contra ciertas plagas o también, se introducen genes de pez a una papa para que resista las heladas.
Estas transformaciones genéticas, según diversos estudios científicos, pueden provocar grandes alteraciones en el ecosistema, ya que el cultivo de transgénicos va de la mano con el desarrollo de plaguicidas que cada vez son más dañinos tanto para nuestra salud como para el medio ambiente y además, porque cada OMG desarrollado produce nuevas sustancias que pueden causar problemas de salud, como alergias, toxicidad, daño a nivel celular, infertilidad y enfermedades cardiovasculares.
María Elena Rozas, representante en Chile de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), argumenta que las empresas agrobiotecnológicas, que están detrás del desarrollo de los transgénicos, “cuando crean nuevos OMG y los hacen resistentes a los plaguicidas que ellos mismos producen, aumentan la dependencia tecnológica a éstos y el uso de estos agrotóxicos en los cultivos, provocando daños en personas, aguas, suelos y alimentos”.
Por otra parte, sostiene que los transgénicos atentan contra la soberanía alimentaria, ya que “impedirán a las personas decidir qué cultivarán y qué comerán ya que tarde o temprano todas las semillas serán de propiedad de las transnacionales y por ende, todas estarán modificadas”.
En tanto, las empresas agroindustriales que están detrás de la introducción de los transgénicos en nuestro territorio y en nuestra alimentación son consideradas de las más poderosas, ya que mueven anualmente billones de dólares y poseen un amplio abanico de influencias políticas en el mundo.
Las más importantes son Monsanto, Bayer, Pioneer, Sygenta y Dow AgroSciences, que no sólo desarrollan transgénicos sino también una gama de pesticidas; ofreciendo así por el mundo un paquete compacto de agroquímicos.
En Chile están representados por ChileBio, quienes a su vez han tejido una importante red de contacto con otras empresas chilenas, asociaciones gremiales, universidades e institutos de investigación científica. Su director ejecutivo, Miguel Ángel Sánchez, cuenta que frente al desarrollo de los transgénicos y en relación a las empresas que los promueven, existen un sinfín de mitos e imprecisiones debidos a la desinformación.
“Sin lugar a dudas que la introducción de los cultivos biotecnológicos aportan muchos beneficios tanto al medio ambiente, por la reducción de los gases invernaderos y mejoras en la productividad de los suelos, como nutricional, gracias al fitomejoramiento de nutrientes y proteínas de los productos”, explica Sánchez.
A su vez, sostiene que los transgénicos no poseen mayores diferencias con los productos orgánicos, ya que se producen bajo similares condiciones, contienen la misma estructura nutricional y sólo se diferencian por la modificación genética.
Además agrega que actualmente ya no existen productos 100% orgánicos, “todos han sido intervenidos, mejorados o manipulados por el hombre por medio de tecnologías de mejoramiento vegetal a lo largo de la historia”.
Esta afirmación es desmentida por María Elena Rozas. Ella argumenta que los cultivos transgénicos presentan dos características predominantes que los diferencian: Son tolerantes a los fuertes herbicidas, que son comercializados por las mismas empresas, debido a su alta presencia de toxinas; y por contaminar todo lo que esté a su alrededor, ya sea la tierra, el agua y por ende, los cultivos orgánicos.
Por su parte, Iván Santandreu, de Chile Sin Transgénicos, sostiene que la industria biotecnológica esgrime que los agricultores debieran ser capaces de optar por plantar cultivos genéticamente modificados o tradicionales si lo desean, pero esto es falso, ya que existen muchos mecanismos que están fuera del control, tanto de las industrias como de los agricultores orgánicos y que facilitan la contaminación, ya sean estos agentes polinizadores como las abejas, el viento, el agua e incluso otros insectos o animales.
Tal es el caso de Estados Unidos en 2006, cuando se descubrió que el arroz transgénico, cultivado durante un año en campos de prueba, había contaminado sin mayores explicaciones a todas las reservas de semillas de arroz en el país e incluso se encontraron trazas contaminadas en sus exportaciones a Europa, Centroamérica y África. Tras la propagación, se determinó que las semillas estaban contaminadas con la variedad LL601, convirtiendo al cultivo en no apto para el consumo humano.
Santandreu señala que “no sólo tiene efectos agroecológicos, sino también efectos económicos serios, dañando la capacidad de los agricultores orgánicos de vender sus productos a valores Premium y bloqueando los mercados de exportación hacia los países que tienen regulaciones estrictas respecto de la contaminación transgénica”.
Por su parte Sánchez arremete argumentando “que la coexistencia entre ambos tipos de cultivos es viable, ya que existen países como India, Argentina y España que han logrado el desarrollo de ambos por medio de la distancia entre cultivos, la diferencia de tiempo de siembra y cosecha, y también al cultivar distintos tipos de productos que no pertenezcan a la misma familia vegetal”.
LOS CULTIVOS OCULTOS
Según datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los cultivos transgénicos en Chile durante la temporada (2009/2010) abarcaron 24.768 hectáreas del territorio nacional, siendo el maíz el de mayor desarrollo con 17.389,04 ha, seguido por la soya (5.473 ha) y el rap o canola (1.862 ha) utilizados principalmente en la elaboración de aceites, alimentos infantiles, harina y productos lácteos.
Además existen otros cultivos transgénicos desarrollados en menor grado como la cebada, remolacha, tomate, zapallo, vid y alfalfa.
Estos cultivos se concentran principalmente en las regiones del Maule, O´Higgins, Metropolitana y Biobío. Sin embargo, la ubicación exacta ha sido ocultada por el SAG dadas las presiones de las empresas agroindustriales, que apelaron a un fallo del Consejo para la Transparencia que obligaba al organismo estatal a informar el lugar donde se encuentran estos predios.
Según Miguel Ángel Sánchez, de ChileBio, en representación de los agroindustriales y la Anpros, que representa a los productores chilenos de semillas, presentaron el recurso de protección, “ya que como en Chile aún no está en vigencia la Ley de Obtentores Vegetales que protege sus especies intelectualmente, al conocerse la ubicación de los cultivos éstos pueden verse alterados, manipulados, sufrir actos delictuales o apropiación indebida, tal como ha ocurrido en otros países donde se ha hecho público”.
Actualmente la aprobación del convenio Upov 91 se mantiene congelada, ya que 14 senadores de la Concertación, dos independientes, más el senador Antonio Horvath de Renovación Nacional, presentaron una moción al Tribunal Constitucional para impedir su publicación.
Sin embargo, los otros dos proyectos (Obtentores Vegetales e Introducción de Transgénicos) aún están en trámite legislativo pero con carácter de urgencia puesto desde La Moneda.
Ante esto, organizaciones ciudadanas, campesinas, indígenas y diversos grupos ambientalistas siguen dando la pelea para impedir que los OMG sean liberados para su consumo y para resguardar el valor patrimonial de nuestras semillas.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano
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