El lucro en la educación y el riesgo de cerrar los colegios subvencionados
Publicado el sep 12, 2011 | Deje un comentario
Por Nicolás Abarca Oyarce
El nuevo proyecto de ley sobre lucro en la educación ya se encuentra en el parlamento, como una de las grandes victorias del movimiento estudiantil, su objetivo es terminar la subvención fiscal a aquellos colegios que persigan fines de lucro, lo cual puede parecer del todo lógico, si se tiene en cuenta que no podemos estar financiando con plata de todos los chilenos el negocio que tengan un sostenedor en la educación. Sin embargo, acabar con este aporte puede traer daños colaterales que absorberán las familias, lo cual hace que debamos volver a reflexionar si terminar con el lucro es o no la solución más idónea.
Los colegios subvencionados con fines de lucro representan hoy el 31% de todos los establecimientos educacionales del país, con una matrícula de 1.056.090 alumnos, de hecho han sido desde el retorno a la democracia los que más han crecido, teniendo en 1990 sólo 490.000 alumnos, es decir han experimentando una expansión del 113%, en comparación con los colegios subvencionados sin fines de lucro que crecieron de 343.755 a 550.635 estudiantes, y los particulares que aumentaron de 198.602 a 252.451 en el mismo período de tiempo. Si se llegase a quitar la subvención a estos colegios, éstos tendrían dos opciones: cerrar, o convertirse en particulares. Ambas alternativas generarían un duro golpe para las familias chilenas, y ponen en riesgo la estabilidad del sistema educativo.
En el caso de que estos colegios cierren, habría una migración de un poco más de un millón de estudiantes a diversos establecimientos, específicamente subvencionados sin fines de lucro o municipales, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los alumnos que deberían marcharse. En caso que se vayan a los primeros, es bastante poco probable que estos colegios puedan satisfacer toda esta nueva demanda, pues representan sólo un 15% del total de establecimientos en el país, lo que obligaría a aumentar el número de alumnos por curso, o simplemente a rechazar las postulaciones por falta de vacantes. En caso de migrar a los municipales se produciría una situación más crítica aún, toda vez que estos colegios se caracterizan por el alto número de estudiantes por aula, inaceptable bajo estándares internacionales, de modo que ni imaginar la aglomeración y hacinamiento que se produciría con el arribo de un millón de estudiantes más; por tanto, si llegasen a cerrar un tercio del total de los colegios en el país, el caos que se produciría en cobertura sería catastrófico, poniendo en serio peligro no sólo la estabilidad de la red de colegios y escuelas, sino también la de toda la sociedad.
Suponiendo ahora que estos colegios no cierren, pero pasen a ser particulares, el incremento del costo para gran parte de las familias chilenas sería privativo, sobre todo si se tiene en cuenta que en un colegio subvencionado las mensualidades no suelen exceder los $50.000, al contrario de los particulares en que ascienden a más de $100.000. Ante este escenario las familias tendrían que hacer el doble de esfuerzo para pagar la educación de sus hijos, o simplemente marcharse a establecimientos subvencionados sin fines de lucro –si es que encuentran puestos vacantes- o a colegios municipales a llenar aún más las apretadas aulas.
Teniendo a la vista este panorama, los grandes daños que provocaría terminar hoy con el lucro hacen que no sea un camino viable, en vez de ello se pueden aplicar una serie de exigencias para los dueños de estos colegios a cambio de entregarles la respectiva subvención, fijando una cuota mínima de admisión para alumnos en situación de vulnerabilidad, lo que favorecería la integración social, estándares objetivos de calificación de infraestructura, para terminar con los bochornosos casos de establecimientos con baños destruidos, higiene precaria, aulas que se llueven o materiales tecnológicos obsoletos; fijar también un nivel mínimo de remuneraciones para los profesores, ya que en la práctica muchos sostenedores inescrupulosos han buscado aumentar sus ganancias pagando menos a los docentes, y finalmente exigir que el colegio alcance cierto puntaje en las pruebas nacionales, que acrediten que la educación que está entregando es de calidad.
A modo de síntesis, el lucro en las actuales condiciones tendría efectos más perjudiciales que beneficiosos para las familias chilenas, en vez de ello, se debe entrar a regular profundamente cómo se lleva la administración y prestación de educación en estos colegios exigiéndoles que cumplan una serie de requisitos que aseguren calidad, integración social y ambiente digno. Porque como brillantemente apuntó Meller en una sola frase “el problema no es lucro, es el (desregulado) mercado”.
El nuevo proyecto de ley sobre lucro en la educación ya se encuentra en el parlamento, como una de las grandes victorias del movimiento estudiantil, su objetivo es terminar la subvención fiscal a aquellos colegios que persigan fines de lucro, lo cual puede parecer del todo lógico, si se tiene en cuenta que no podemos estar financiando con plata de todos los chilenos el negocio que tengan un sostenedor en la educación. Sin embargo, acabar con este aporte puede traer daños colaterales que absorberán las familias, lo cual hace que debamos volver a reflexionar si terminar con el lucro es o no la solución más idónea.Los colegios subvencionados con fines de lucro representan hoy el 31% de todos los establecimientos educacionales del país, con una matrícula de 1.056.090 alumnos, de hecho han sido desde el retorno a la democracia los que más han crecido, teniendo en 1990 sólo 490.000 alumnos, es decir han experimentando una expansión del 113%, en comparación con los colegios subvencionados sin fines de lucro que crecieron de 343.755 a 550.635 estudiantes, y los particulares que aumentaron de 198.602 a 252.451 en el mismo período de tiempo. Si se llegase a quitar la subvención a estos colegios, éstos tendrían dos opciones: cerrar, o convertirse en particulares. Ambas alternativas generarían un duro golpe para las familias chilenas, y ponen en riesgo la estabilidad del sistema educativo.
En el caso de que estos colegios cierren, habría una migración de un poco más de un millón de estudiantes a diversos establecimientos, específicamente subvencionados sin fines de lucro o municipales, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los alumnos que deberían marcharse. En caso que se vayan a los primeros, es bastante poco probable que estos colegios puedan satisfacer toda esta nueva demanda, pues representan sólo un 15% del total de establecimientos en el país, lo que obligaría a aumentar el número de alumnos por curso, o simplemente a rechazar las postulaciones por falta de vacantes. En caso de migrar a los municipales se produciría una situación más crítica aún, toda vez que estos colegios se caracterizan por el alto número de estudiantes por aula, inaceptable bajo estándares internacionales, de modo que ni imaginar la aglomeración y hacinamiento que se produciría con el arribo de un millón de estudiantes más; por tanto, si llegasen a cerrar un tercio del total de los colegios en el país, el caos que se produciría en cobertura sería catastrófico, poniendo en serio peligro no sólo la estabilidad de la red de colegios y escuelas, sino también la de toda la sociedad.
Suponiendo ahora que estos colegios no cierren, pero pasen a ser particulares, el incremento del costo para gran parte de las familias chilenas sería privativo, sobre todo si se tiene en cuenta que en un colegio subvencionado las mensualidades no suelen exceder los $50.000, al contrario de los particulares en que ascienden a más de $100.000. Ante este escenario las familias tendrían que hacer el doble de esfuerzo para pagar la educación de sus hijos, o simplemente marcharse a establecimientos subvencionados sin fines de lucro –si es que encuentran puestos vacantes- o a colegios municipales a llenar aún más las apretadas aulas.
Teniendo a la vista este panorama, los grandes daños que provocaría terminar hoy con el lucro hacen que no sea un camino viable, en vez de ello se pueden aplicar una serie de exigencias para los dueños de estos colegios a cambio de entregarles la respectiva subvención, fijando una cuota mínima de admisión para alumnos en situación de vulnerabilidad, lo que favorecería la integración social, estándares objetivos de calificación de infraestructura, para terminar con los bochornosos casos de establecimientos con baños destruidos, higiene precaria, aulas que se llueven o materiales tecnológicos obsoletos; fijar también un nivel mínimo de remuneraciones para los profesores, ya que en la práctica muchos sostenedores inescrupulosos han buscado aumentar sus ganancias pagando menos a los docentes, y finalmente exigir que el colegio alcance cierto puntaje en las pruebas nacionales, que acrediten que la educación que está entregando es de calidad.
A modo de síntesis, el lucro en las actuales condiciones tendría efectos más perjudiciales que beneficiosos para las familias chilenas, en vez de ello, se debe entrar a regular profundamente cómo se lleva la administración y prestación de educación en estos colegios exigiéndoles que cumplan una serie de requisitos que aseguren calidad, integración social y ambiente digno. Porque como brillantemente apuntó Meller en una sola frase “el problema no es lucro, es el (desregulado) mercado”.
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