Por Juan Pablo Cárdenas
Estuvimos esperanzados en que la Corte Suprema anulara el juicio y las sentencias dictadas en contra de cuatro comuneros mapuches. Líderes, además, de una organización que lucha por recuperar los bienes arrebatados en la Araucanía a esta etnia, así como por alcanzar que sus derechos humanos sean reconocidos por el estado chileno. Aunque la resolución desestima las acusaciones más drásticas en contra de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, en definitiva los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal condena a la cárcel por otros presuntos delitos a los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco , otorgándole legitimidad procesal a uno de los juicios más turbios de la historia judicial chilena, cuanto de la larga trayectoria de persecución contra nuestro principal pueblo originario. De esta forma, los condenados han tomado la admirable resolución de continuar su huelga de hambre que ya entera más de 80 días y los tiene en peligro inminente de muerte.
De no reaccionar pronto el Gobierno, el Parlamento y otras instancias de la judicatura, lo que se consolida con esta sentencia es la descarada y sistemática acción del Estado por quebrantar la legislación internacional e, incluso, un conjunto de normas de nuestro propio ordenamiento jurídico, a fin de someter a los mapuches a una condición de pueblo interdicto y segregado. Tal como lo pretendieron los conquistadores españoles hace 500 años; los gobiernos republicanos con su “guerra para “Pacificar la Araucanía”; la Dictadura Militar y la nueva era post pinochetista, en que a los mapuches se les ha llegado a aplicar la fatídica Ley Antirrorista heredada por el régimen castrense y acariciada por los últimos gobiernos pretendidamente democráticos. Una nefasta herramienta que han dejado ex profeso vigente los políticos a fin de desacreditar y perseguir cualquier disidencia o acto de rebeldía.
La estrategia es evidente. Los poderes económicos que asaltan las propiedades de los mapuches y conculcan sus derechos laborales son respaldados por los gobiernos de turno con querellas y una horrenda represión policial en la que en los últimos años se mata por la espalda a los mapuches, se tortura a los detenidos y se siembra el pánico en sus poblaciones. Siempre coludidos con las policías, los fiscales los someten a juicios repugnantes como el de Cañete, que resultan avalados por la prensa que miente y alienta la represión, mientras que los legisladores hacen caso omiso de lo que sucede. Aferrados, como se sabe, a las ubres del poder y completamente genuflexos ante los poderes fácticos. Incuso los obispos y otros actores que tienen plena conciencia de cómo este pueblo es expoliado denuncian la injusticia pero, en su afán de instar majaderamente al diálogo y al pacifismo, terminan avalando la violencia institucionalizada. Muy lejos de la actitud del Padre Las Casas, del obispo Samuel Ruiz y de tantos otros religiosos de nuestro Continente que no dudaron de ponerse franca y decididamente a favor de los pobres y humillados.
Nos conmueve el sacrificio de estos cuatro condenados por el Estado. Tememos por su vida y nos duele el padecimiento de sus familiares. Sin embargo, sabemos que su Huelga de Hambre y todas sus formas de lucha ya los tienen inscritos como héroes. No es vano, más allá de los poderes del Estado, de la prensa infamante y los intereses económicos asesinos y ecocidas, la gran mayoría del país tiene afecto por su lucha y crecientemente se hace parte de ella. Porque esta sentencia se suma a la cantidad de abusos que nos llevan a la convicción, al igual que en otras naciones de la Tierra, de que es el sistema imperante el que está contra de los trabajadores, los jóvenes, los indígenas, los intelectuales y los pobres en general.
Aunque hay quienes sindican a quienes protestan y se movilizan como grupos “anti sistema”. Sin embargo, lo cierto es que es justamente el régimen profundamente antidemocrático y represivo que tenemos aquí y en otros países el que se opone a la marcha de la humanidad en beneficio de la justicia social y de la paz interna.. De esta forma es que se explica la justa rabia, entre otros , de los mapuches, los estudiantes, los asalariados, los ecologistas, cuanto el repudio nacional en contra de la clase política, los empresarios usureros y coludidos, los medios de comunicación y los uniformados devenidos en el brazo armado de los grandes intereses, contra los que demandan igualdad social y respeto a nuestra auténtica soberanía territorial. Objetivo que, desde luego, nada tiene que ver con las demarcaciones prepotentes que nos separan de nuestros vecinos, sino más bien con el respeto y preservación de nuestros recursos naturales y medio ambiente.
Un sistema y un Estado que se jacta de ser rico, pero fomenta cotidianamente inequidad. Que atesora reservas en el extranjero, pego le paga un salario indigno al 70 por ciento de los trabajadores. Que se pretende republicano, pero restringe el sufragio y reprime la protesta social. Que se erige en libertario, pero condena a la inmensa mayoría de los jóvenes y los niños a una educación carencial; que se cree democrático y tiene partidos políticos y un Parlamento que son el hazmerreír colectivo. Un país donde dependemos de una Justicia según el mayor o menor grado de abyección de quienes integran sus tribunales. Que se cree culto y grava con severos impuestos los libros y las manifestaciones artísticas. Que proclama el amor a la Patria y entrega desde las Altas Cumbres de la Cordillera hasta las riquezas del subsuelo a las transnacionales. Como que la torta grande del Presupuesto se la llevan las Fuerzas Armadas y “de orden” para ahogar el descontento social y mantener la población carcelaria más abultada del mundo. Mientras que la educación, la ciencia y la creación languidecen sin recursos y bajo la vigilancia de la rancia ideología oficial.
Cuyos mandamases proclaman descaradamente su fe y amor a Dios, pero todos los días están dándole con el mazo a los derechos del prójimo. Sirviendo y sirviéndose sin hartarse nunca de un sistema intrínsecamente perverso.
De no reaccionar pronto el Gobierno, el Parlamento y otras instancias de la judicatura, lo que se consolida con esta sentencia es la descarada y sistemática acción del Estado por quebrantar la legislación internacional e, incluso, un conjunto de normas de nuestro propio ordenamiento jurídico, a fin de someter a los mapuches a una condición de pueblo interdicto y segregado. Tal como lo pretendieron los conquistadores españoles hace 500 años; los gobiernos republicanos con su “guerra para “Pacificar la Araucanía”; la Dictadura Militar y la nueva era post pinochetista, en que a los mapuches se les ha llegado a aplicar la fatídica Ley Antirrorista heredada por el régimen castrense y acariciada por los últimos gobiernos pretendidamente democráticos. Una nefasta herramienta que han dejado ex profeso vigente los políticos a fin de desacreditar y perseguir cualquier disidencia o acto de rebeldía.
La estrategia es evidente. Los poderes económicos que asaltan las propiedades de los mapuches y conculcan sus derechos laborales son respaldados por los gobiernos de turno con querellas y una horrenda represión policial en la que en los últimos años se mata por la espalda a los mapuches, se tortura a los detenidos y se siembra el pánico en sus poblaciones. Siempre coludidos con las policías, los fiscales los someten a juicios repugnantes como el de Cañete, que resultan avalados por la prensa que miente y alienta la represión, mientras que los legisladores hacen caso omiso de lo que sucede. Aferrados, como se sabe, a las ubres del poder y completamente genuflexos ante los poderes fácticos. Incuso los obispos y otros actores que tienen plena conciencia de cómo este pueblo es expoliado denuncian la injusticia pero, en su afán de instar majaderamente al diálogo y al pacifismo, terminan avalando la violencia institucionalizada. Muy lejos de la actitud del Padre Las Casas, del obispo Samuel Ruiz y de tantos otros religiosos de nuestro Continente que no dudaron de ponerse franca y decididamente a favor de los pobres y humillados.
Nos conmueve el sacrificio de estos cuatro condenados por el Estado. Tememos por su vida y nos duele el padecimiento de sus familiares. Sin embargo, sabemos que su Huelga de Hambre y todas sus formas de lucha ya los tienen inscritos como héroes. No es vano, más allá de los poderes del Estado, de la prensa infamante y los intereses económicos asesinos y ecocidas, la gran mayoría del país tiene afecto por su lucha y crecientemente se hace parte de ella. Porque esta sentencia se suma a la cantidad de abusos que nos llevan a la convicción, al igual que en otras naciones de la Tierra, de que es el sistema imperante el que está contra de los trabajadores, los jóvenes, los indígenas, los intelectuales y los pobres en general.
Aunque hay quienes sindican a quienes protestan y se movilizan como grupos “anti sistema”. Sin embargo, lo cierto es que es justamente el régimen profundamente antidemocrático y represivo que tenemos aquí y en otros países el que se opone a la marcha de la humanidad en beneficio de la justicia social y de la paz interna.. De esta forma es que se explica la justa rabia, entre otros , de los mapuches, los estudiantes, los asalariados, los ecologistas, cuanto el repudio nacional en contra de la clase política, los empresarios usureros y coludidos, los medios de comunicación y los uniformados devenidos en el brazo armado de los grandes intereses, contra los que demandan igualdad social y respeto a nuestra auténtica soberanía territorial. Objetivo que, desde luego, nada tiene que ver con las demarcaciones prepotentes que nos separan de nuestros vecinos, sino más bien con el respeto y preservación de nuestros recursos naturales y medio ambiente.
Un sistema y un Estado que se jacta de ser rico, pero fomenta cotidianamente inequidad. Que atesora reservas en el extranjero, pego le paga un salario indigno al 70 por ciento de los trabajadores. Que se pretende republicano, pero restringe el sufragio y reprime la protesta social. Que se erige en libertario, pero condena a la inmensa mayoría de los jóvenes y los niños a una educación carencial; que se cree democrático y tiene partidos políticos y un Parlamento que son el hazmerreír colectivo. Un país donde dependemos de una Justicia según el mayor o menor grado de abyección de quienes integran sus tribunales. Que se cree culto y grava con severos impuestos los libros y las manifestaciones artísticas. Que proclama el amor a la Patria y entrega desde las Altas Cumbres de la Cordillera hasta las riquezas del subsuelo a las transnacionales. Como que la torta grande del Presupuesto se la llevan las Fuerzas Armadas y “de orden” para ahogar el descontento social y mantener la población carcelaria más abultada del mundo. Mientras que la educación, la ciencia y la creación languidecen sin recursos y bajo la vigilancia de la rancia ideología oficial.
Cuyos mandamases proclaman descaradamente su fe y amor a Dios, pero todos los días están dándole con el mazo a los derechos del prójimo. Sirviendo y sirviéndose sin hartarse nunca de un sistema intrínsecamente perverso.
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