Estimados Estudiantes/as: Ha sido un gran honor y motivo de grandes aprendizajes haberlos acompañado durante el año 2011. Lo que ferviente deseo es que sean buenas personas, buenos ciudadanos: pensantes, reflexivos, cultos y activos. http://2011eda.blogspot.com/ http://healing-bioenergia.blogspot.com/ http://oracionydialogo.blogspot.com/ Atte. jlflores, facilitador.
domingo, 6 de noviembre de 2011
sábado, 5 de noviembre de 2011
viernes, 4 de noviembre de 2011
Vaticano pide Reforma del Sistema Financiero y Monetario Internacional
25 11:36:36 de octubre de 2011
El Consejo Pontificio Justicia y Paz denuncia que "está en juego el bien común y el futuro mismo de la humanidad por el acaparamiento de bienes a gran escala"...
POR UNA REFORMA DEL
SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL
EN LA PERSPECTIVA DE UNA AUTORIDAD PÚBLICA
CON COMPETENCIA UNIVERSAL
Nota del Consejo Pontificio Justicia y Paz
Para una reforma del sistema financiero monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública, con competencia universal.
Prefacio
“La situación actual del mundo exige una acción de conjunto sobre la base de una visión clara de todos los aspectos económicos sociales culturales y espirituales. Experta en humanidad, la Iglesia sin pretender de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados, “no apunta mas que a un único fin: continuar, bajo el impulso del Espíritu consolador la misma obra del Cristo, venido al mundo para dar testimonio de la verdad , para salvar, no para condenar, para servir, no para ser servido”. (1)
Con estas palabras, Pablo VI, en la profética y siempre actual Encíclica Populorum progressio de 1967, trazaba con claridad “las trayectorias” de la relación íntima de la iglesia con el mundo: trayectorias que se cruzan en el valor profundo de la dignidad del hombre y en la búsqueda del bien común y que hacen también a los pueblos responsables y libres para actuar según sus propias y más altas aspiraciones.
La crisis económica y financiera que atraviesan los países interpelan a todo el mundo- personas y pueblos para efectuar un profundo discernimiento de los principios y de los valores culturales y morales que están en la base de la convivencia social, pero no solo eso la crisis compromete a los agentes privados y a las autoridades públicas competentes a nivel nacional, regional e internacional a una reflexión seria sobre las causas y las soluciones de naturaleza política, económica y técnica.
En tal perspectiva la crisis, enseña Benedicto XVI, “nos obliga a reconsiderar nuestro itinerario, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, para centrarse en las experiencias positivas y rechazar aquellas que son negativas. La crisis llega a ser así una ocasión de discernimiento y de capacidad de laborar nuevos proyectos. Es en esta óptica que, confiados más que resignados conviene afrontar las dificultades del momento presente”. (2)
En el Statement adoptado en Pittsburgh en 2009 los propios líderes del G20 han afirmado que: “ The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility” (La crisis económica demuestra bien la importancia de inaugurar una nueva era para una actividad económica mundial durable, basada en la responsabilidad). (3)
Respondiendo al llamado del Santo Padre y, al mismo tiempo haciendo nuestra las preocupaciones de los pueblos - sobre todo de aquellos que pagan el más alto precio de la situación actual - el Consejo Pontificio Justicia y Paz, con el respeto a las competencias de las autoridades civiles y políticas pretende proponer y compartir sus reflexiones “Para una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública de competencia universal”.
Este documento quiere ser una contribución ofrecida a los responsables de la tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto de responsabilidad no solo a las generaciones actuales, sino sobre todo hacia aquellas futuras; a fin que no se pierda jamás la esperanza de un porvenir mejor y la confianza en la dignidad y en la capacidad de bien de la persona humana
Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es partícipe y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su vocación de naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben en primer lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia humana para la realización del bien común mundial son los más adecuados. La Iglesia, por su parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente, «el deseo de participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, respondiendo [así] a la voluntad de Dios». (4)
1. Desarrollo económico y desigualdades
La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el mundo, encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el peso de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo, los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética, presentes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores técnicos y de responsabilidades morales.
En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios, son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples formas, quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de costes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación eficiente de los recursos disponibles.
Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido el crédito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una ulterior expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal modo, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el sistema económico y financiero.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles de millones de personas que habían otorgado su confianza con su comportamiento de productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y consumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo de la moneda y de las finanzas, en conformidad con las potencialidades de crecimiento real de la economía.
A partir de los años noventa del pasado siglo, se descubre en cambio como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho más rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se derivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y burbujas especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de confianza que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.
Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se verificaron una serie de crisis en varios Países en vías de desarrollo. Baste pensar en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia y Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, en Tailandia y en Argentina.
La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis financiera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de instrumentos financieros a nivel global.
Mientras las crisis en los Países en vías de desarrollo, que han estado a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido contenidas con formas de intervención por parte de los países más desarrollados, la crisis que ha estallado en el año 2008, se ha caracterizado por un elemento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha originado en el contexto de Estados Unidos, una de las áreas más relevantes para la economía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten todavía la gran mayoría de los intercambios internacionales.
Una orientación de tipo liberal - reticente respecto a las intervenciones públicas en los mercados - ha propiciado la quiebra de un importante instituto internacional, imaginando de este modo, delimitar la crisis y sus efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la desconfianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulando intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del producto nacional) a fin de contener las consecuencias negativas que hubieran afectado todo el sistema financiero internacional.
Las consecuencias sobre la denominada «economía real», pasando s través de las graves dificultades de algunos sectores - en primer lugar el de la construcción - y con la difusión de expectativas desfavorables, han generado una tendencia negativa de la producción y del comercio internacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que probablemente aun no han agotado su alcance. El costo para millones, e incluso miles de millones de personas, en los Países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso.
En Países y áreas donde se carece todavía de los bienes más elementales como la salud, la alimentación y la protección contra la intemperie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con unos ingresos medios de poco más de un dólar diario.
El bienestar económico global, medido en primer lugar por la producción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha acrecentado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con una rapidez antes jamás experimentado en la historia del género humano.
Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en varios Países y entre ellos. Mientras que algunos Países y áreas económicas, las más industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la producción de la renta, otros Países han sido excluidos, de hecho, del progreso generalizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.
Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente por Pablo VI - a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios mundiales y la paz - ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la Encíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones imprescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de la vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre tales fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es el nuevo nombre de la paz». (5)
A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecuadamente, y las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. (6) Hoy los modernos medios de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos, ricos y pobres, las desigualdades económicas, sociales y culturales que se han producido a nivel global, creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.
Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con sus aspectos positivos está a la base del grande desarrollo de la economía mundial del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre el 1900 y el 2000, la población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel mundial creció en modo mucho más rápido de manera que los ingresos medios per cápita aumentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la equitativa distribución de la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado.
¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la paz?
Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de «apriorismo económico», que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos. Una ideología económica que establezca a priori las leyes del funcionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad, corre el peligro de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los Países que ya gozan, de hecho, de una posición de mayores ventajas económicas y financieras.
Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia están presentes a nivel nacional y regional; sin embargo a nivel internacional, dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.
A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, es decir la impostación teórico-práctica según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad». Es necesario notar que una «máxima» semejante, contiene un fondo de verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individualmente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión es necesario un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de la comunidad.
En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.
Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha sido la explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.
Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera precisa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y financiera, sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía, en efecto - observa el Pontífice - tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. (7) El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de quienes los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento óptimo de aquellos - operadores económicos y políticos - que actúan e interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha también descubierto y denunciado una nueva ideología, la «ideología de la tecnocracia».
2. El rol de la técnica y el desafío ético
El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado, ciertamente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de sombra, se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicaciones, a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.
Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, es necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en guardia contra los peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de aquella absolutización de la técnica que «tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura materia» (8) y a minimizar el valor de las decisiones del individuo humano concreto que actúa en el sistema económico-financiero, reduciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un «más allá», comprendido como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas para los problemas, sino que empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.
También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la relevancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto ser desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para el otro hombre», según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos Países en perjuicio de otros. Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se producirán a nivel social, político y económico estarán destinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las bases mismas de las instituciones democráticas, aún de aquellas consideradas más sólidas.
Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían asumir, como alma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de cuentas, mantener vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre de la común dignidad de todos los seres humanos: «por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad». (9)
Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de «una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías». (10) Es preciso, hoy sin demora acoger su amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la vocación trascendente de la persona y de la familia humana.
3. El gobierno de la globalización
En el camino hacia la construcción de una familia humana más fraterna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la trascendencia, se presenta particularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor. Tomaba pues conciencia, del hecho que en la comunidad humana, había disminuido la correspondencia entre la organización política “a nivel mundial y las exigencias objetivas del bien común universal”.(11) Por consiguiente, auguraba fuera creada un día, una «Autoridad pública mundial». (12)
Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenómeno de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los otros bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-financiero mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza de la Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y digna de urgente concretización.
El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in terris, ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad política mundial. (13) Dicha necesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos esos campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no sólo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.
Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también «el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes». (14)
La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha Autoridad, por tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es decir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se ponen. Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado, que hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconectados e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y de los intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados monetarios y financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la «economía real», en especial de los Países más débiles.
Es este un proceso complejo y delicado. Tal Autoridad supranacional debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse en práctica gradualmente, para favorecer también la existencia de sistemas monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden al desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los valores de la caridad y de la verdad. (15) Se trata de una Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser desatendidos considerandos superfluos, elementos como la confianza recíproca, la autonomía y la participación. El consenso debe involucrar, un número cada vez mayor de Países que se adhieren por convicción, mediante ese diálogo sincero que no margina, sino más aún que valora las opiniones minoritarias. La Autoridad mundial debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.
La constitución de una Autoridad política mundial debería estar precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá una institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mismo tiempo, de permitir que cada País exprese y procure el propio bien particular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien de todos y de cada uno, será necesariamente super partes, es decir, por encima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-poder de los Países más desarrollados sobre los Países más débiles. Deberán, en cambio, ser asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no sólo en ventaja de algunos grupos formados por lobbies privadas o por Gobiernos nacionales.
Una institución supranacional, expresión de una «comunidad de las Naciones», no podrá por otra parte, durar por mucho tiempo, si las diversidades de los Países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e inmateriales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, alimentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial, debilitaría la eficacia de la correspondiente Autoridad.
Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La persona no está hecha para servir incondicionalmente a la Autoridad, cuya tarea es la de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el valor preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los Gobiernos no deben servir incondicionalmente a la Autoridad mundial. Esta última, ante todo debe ponerse al servicio de los diversos Países miembros, de acuerdo al principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos por políticas nacionales paternalistas, ni debilitados por déficit sistemáticos de las finanzas públicas y de los Productos nacionales que, de hecho, impiden a los mercados operar en un contexto mundial como instituciones abiertas y competitivas.
En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor por Benedicto XVI, (16) el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones entre el Estado y las comunidades locales, entre las Instituciones públicas y las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así, en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual, futura Autoridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia de las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar la libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo tiempo, responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que les competen.
Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad superior ofrece su subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y financieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mismos lo que les es requerido. (17) Gracias al principio de solidaridad, se construye una relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una Autoridad pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios, las diversas sociedades - incluidas aquellas económicas y financieras - y los ciudadanos toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común mundial, que trasciende el nacional.
«El gobierno de la globalización» - se lee en la Caritas in veritate - «debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente». (18) Sólo así se puede evitar el riesgo del aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría el peligro de la deslegitimación de una separación demasiado grande de las realidades sobre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones paternalistas, tecnocráticas, o hegemónicas.
Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de las de sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, regional y mundial. Entre las políticas aparecen como más urgentes aquellas relativas a la justicia social global: políticas financieras y monetarias que no dañen los Países más débiles; (19) políticas dirigida a la realización de mercados libres y estables y una distribución ecua de la riqueza mundial incluso mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global, de la cual se referirá más adelante.
En el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionado al gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones preexistentes.
4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional que responda a las exigencias de todos los Pueblos.
En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de government de la economía y de las finanzas internacionales.
¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que se deben desarrollar concretamente?
Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial, se deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual disminución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los inicios de los años Setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales, es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar sobre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone más de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sistema monetario mundial.
El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha crecido mucho más rápidamente que la «economía real» habiéndose velozmente desarrollado, por efecto de un lado, de la abrogación generalizada de los controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia a la desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el otro, con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instrumentos informáticos.
En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la moneda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más rápidamente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste observar lo acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el contexto de las crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior y, en fin, en la crisis de 2008.
Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la tendencia a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y financiera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los Países más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se puede dejar de notar que así, no parece respetarse plenamente el principio representativo, en particular de los Países menos desarrollados o emergentes.
La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de Países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando así del G7 al G20. Ha sido, ésta, una evolución positiva, en cuanto ha consentido involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas globales, la responsabilidad de Países con una población más elevada, en vías de desarrollo y emergentes.
En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices concretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas, podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas instituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.
Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica demuestra la importancia de comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad». A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la responsabilidad», además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen una «reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo XXI»; y por tanto además «un marco que permita definir las políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido, sostenible y equilibrado». (20)
Es preciso por tanto, dar inicio a un proceso de profunda reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a valorizar los aspectos positivos de las instituciones y de los fora ya existentes.
Una atención específica debería reservarse a la reforma del sistema monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícita en los Estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida, esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes, para encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de un proceso que debe involucrar también a los Países emergentes y en vías de desarrollo, al momento de definir las etapas de adaptación gradual de los instrumentos existentes.
En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco central mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescubrir la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que portaron a los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría realizarse con valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una reflexión a nivel económico y financiero, sino también y ante todo, a nivel político, con miras a la constitución de instituciones públicas correspondientes que garanticen la unidad y la coherencia de las decisiones comunes.
Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los primeros pasos en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal; como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comunidad mundial por orientar sus instituciones hacia la realización del bien común. Deberán seguir otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas que conocemos pueden acentuarse, pero también acompañarse de cambios que hoy día sería en vano tratar de prever.
En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política - responsable del bien común - sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar estas últimas al interno de los confines de su real vocación y de su función, incluida aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén efectivamente al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda forma de monótono economicismo y de mercantilismo performativo.
En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece pues, oportuno reflexionar, por ejemplo,
a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras, mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos proporcionados a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se realizan en el mercado «secundario». Dicha imposición sería muy útil para promover el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia social y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una reserva mundial de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al saneamiento de su sistema monetario y financiero;
b) sobre formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos «virtuosos» y finalizados a desarrollar la «economía real»;
c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito ordinario y del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina más eficaz de los «mercados paralelos» privados de controles y de límites.
Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir amplios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que todos los que, en las Universidades y en los diversos Institutos, llamados a formar las clases dirigentes del mañana, es deseable se dediquen a prepararlas para asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien público global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver la divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, evidenciando en modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la praxis y de la poiésis.
El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo nuevo no ya en la angustia, sino en la esperanza y en la solidaridad.
Conclusiones
En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, estamos llamados a no rendirnos, y a construir sobre todo, un futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos.
Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en todos los niveles - social, político, económico y profesional - motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena. (21) Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca antes experimentado.
Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación prospectiva», capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. (22) Liberando la imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo las instituciones, sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.
Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transformado en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del propio territorio. Sin embargo las condiciones sociales, culturales y políticas han mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia - hasta llegar a ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada vez más por un ordenamiento compartido - pero no ha desaparecido una forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder conseguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.
Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pequeñas o grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar dicho «estado de naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obstante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene que comprometerse en la transición de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los Países - cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posee - paz y seguridad, desarrollo, libres mercados, estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley - advierte Juan Pablo II - «así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional». (23)
Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger por sí solos.
Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden internacional «westphaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.
Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho están ya erosionadas.
La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo.
En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios». (24)
En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, sin embargo, que esta paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.
La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de Babel también nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, porque los fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.
El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una Autoridad pública mundial, al servicio del bien común.
1 Pablo VI, Carta encíclica Populorum progressio, n. 13.
2 Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, n. 21.
3 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; Annex, 1.
4 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporaneo Gaudium et spes, n. 34.
5 Carta encíclica Populorum progressio, nn. 76 ss.
6 Cfr. International Monetary Fund, Annual Report 2007, pp. 8 ss.
7 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 45.
8 Ib., n. 77.
9 Juan Pablo II, Carta encíclica Centesimus annus, n. 70.
10 Ib., n. 40.
11 Juan XXIII, Carta encíclica Pacem in terris, n. 70.
12 Cfr. ib. nn. 71-74.
13 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 67.
14 Ib.
15 Cfr. ib.
16 Cfr. ib., nn. 57, 67.
17 Cfr. ib., n. 57.
18 Ib.
19 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo Gaudium et spes, n. 70.
20 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; cfr. Annex, par. 1; G-20 Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth, §1; Leaders’ Statement, nn. 18, 13.
21 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 71. Centesimus annus, n. 52
22 Pablo VI, Carta apostólica Octogesima adveniens, n. 37.
23 Carta encíclica Centesimus annus, n. 52.
24 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et spes, n. 39.
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Movimiento Teologìas Para La Liberaciòn – Chile
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25 11:36:36 de octubre de 2011
El Consejo Pontificio Justicia y Paz denuncia que "está en juego el bien común y el futuro mismo de la humanidad por el acaparamiento de bienes a gran escala"...
POR UNA REFORMA DEL
SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL
EN LA PERSPECTIVA DE UNA AUTORIDAD PÚBLICA
CON COMPETENCIA UNIVERSAL
Nota del Consejo Pontificio Justicia y Paz
Para una reforma del sistema financiero monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública, con competencia universal.
Prefacio
“La situación actual del mundo exige una acción de conjunto sobre la base de una visión clara de todos los aspectos económicos sociales culturales y espirituales. Experta en humanidad, la Iglesia sin pretender de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados, “no apunta mas que a un único fin: continuar, bajo el impulso del Espíritu consolador la misma obra del Cristo, venido al mundo para dar testimonio de la verdad , para salvar, no para condenar, para servir, no para ser servido”. (1)
Con estas palabras, Pablo VI, en la profética y siempre actual Encíclica Populorum progressio de 1967, trazaba con claridad “las trayectorias” de la relación íntima de la iglesia con el mundo: trayectorias que se cruzan en el valor profundo de la dignidad del hombre y en la búsqueda del bien común y que hacen también a los pueblos responsables y libres para actuar según sus propias y más altas aspiraciones.
La crisis económica y financiera que atraviesan los países interpelan a todo el mundo- personas y pueblos para efectuar un profundo discernimiento de los principios y de los valores culturales y morales que están en la base de la convivencia social, pero no solo eso la crisis compromete a los agentes privados y a las autoridades públicas competentes a nivel nacional, regional e internacional a una reflexión seria sobre las causas y las soluciones de naturaleza política, económica y técnica.
En tal perspectiva la crisis, enseña Benedicto XVI, “nos obliga a reconsiderar nuestro itinerario, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, para centrarse en las experiencias positivas y rechazar aquellas que son negativas. La crisis llega a ser así una ocasión de discernimiento y de capacidad de laborar nuevos proyectos. Es en esta óptica que, confiados más que resignados conviene afrontar las dificultades del momento presente”. (2)
En el Statement adoptado en Pittsburgh en 2009 los propios líderes del G20 han afirmado que: “ The economic crisis demonstrates the importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity grounded in responsibility” (La crisis económica demuestra bien la importancia de inaugurar una nueva era para una actividad económica mundial durable, basada en la responsabilidad). (3)
Respondiendo al llamado del Santo Padre y, al mismo tiempo haciendo nuestra las preocupaciones de los pueblos - sobre todo de aquellos que pagan el más alto precio de la situación actual - el Consejo Pontificio Justicia y Paz, con el respeto a las competencias de las autoridades civiles y políticas pretende proponer y compartir sus reflexiones “Para una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública de competencia universal”.
Este documento quiere ser una contribución ofrecida a los responsables de la tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto de responsabilidad no solo a las generaciones actuales, sino sobre todo hacia aquellas futuras; a fin que no se pierda jamás la esperanza de un porvenir mejor y la confianza en la dignidad y en la capacidad de bien de la persona humana
Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es partícipe y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su vocación de naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben en primer lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia humana para la realización del bien común mundial son los más adecuados. La Iglesia, por su parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente, «el deseo de participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, respondiendo [así] a la voluntad de Dios». (4)
1. Desarrollo económico y desigualdades
La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el mundo, encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el peso de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo, los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética, presentes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores técnicos y de responsabilidades morales.
En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios, son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples formas, quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de costes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación eficiente de los recursos disponibles.
Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido el crédito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una ulterior expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal modo, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el sistema económico y financiero.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles de millones de personas que habían otorgado su confianza con su comportamiento de productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y consumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo de la moneda y de las finanzas, en conformidad con las potencialidades de crecimiento real de la economía.
A partir de los años noventa del pasado siglo, se descubre en cambio como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho más rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se derivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y burbujas especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de confianza que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.
Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se verificaron una serie de crisis en varios Países en vías de desarrollo. Baste pensar en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia y Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, en Tailandia y en Argentina.
La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis financiera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de instrumentos financieros a nivel global.
Mientras las crisis en los Países en vías de desarrollo, que han estado a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido contenidas con formas de intervención por parte de los países más desarrollados, la crisis que ha estallado en el año 2008, se ha caracterizado por un elemento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha originado en el contexto de Estados Unidos, una de las áreas más relevantes para la economía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten todavía la gran mayoría de los intercambios internacionales.
Una orientación de tipo liberal - reticente respecto a las intervenciones públicas en los mercados - ha propiciado la quiebra de un importante instituto internacional, imaginando de este modo, delimitar la crisis y sus efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la desconfianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulando intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del producto nacional) a fin de contener las consecuencias negativas que hubieran afectado todo el sistema financiero internacional.
Las consecuencias sobre la denominada «economía real», pasando s través de las graves dificultades de algunos sectores - en primer lugar el de la construcción - y con la difusión de expectativas desfavorables, han generado una tendencia negativa de la producción y del comercio internacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que probablemente aun no han agotado su alcance. El costo para millones, e incluso miles de millones de personas, en los Países desarrollados, pero sobre todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso.
En Países y áreas donde se carece todavía de los bienes más elementales como la salud, la alimentación y la protección contra la intemperie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con unos ingresos medios de poco más de un dólar diario.
El bienestar económico global, medido en primer lugar por la producción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha acrecentado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con una rapidez antes jamás experimentado en la historia del género humano.
Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en varios Países y entre ellos. Mientras que algunos Países y áreas económicas, las más industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la producción de la renta, otros Países han sido excluidos, de hecho, del progreso generalizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.
Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente por Pablo VI - a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios mundiales y la paz - ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la Encíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones imprescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de la vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre tales fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es el nuevo nombre de la paz». (5)
A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecuadamente, y las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. (6) Hoy los modernos medios de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos, ricos y pobres, las desigualdades económicas, sociales y culturales que se han producido a nivel global, creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.
Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con sus aspectos positivos está a la base del grande desarrollo de la economía mundial del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre el 1900 y el 2000, la población mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel mundial creció en modo mucho más rápido de manera que los ingresos medios per cápita aumentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la equitativa distribución de la riqueza; sino que en muchos casos ha empeorado.
¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática incluso para la paz?
Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de «apriorismo económico», que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus aspectos. Una ideología económica que establezca a priori las leyes del funcionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad, corre el peligro de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los Países que ya gozan, de hecho, de una posición de mayores ventajas económicas y financieras.
Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia están presentes a nivel nacional y regional; sin embargo a nivel internacional, dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.
A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, es decir la impostación teórico-práctica según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad». Es necesario notar que una «máxima» semejante, contiene un fondo de verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individualmente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión es necesario un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de la comunidad.
En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.
Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha sido la explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.
Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera precisa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y financiera, sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía, en efecto - observa el Pontífice - tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. (7) El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de quienes los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento óptimo de aquellos - operadores económicos y políticos - que actúan e interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha también descubierto y denunciado una nueva ideología, la «ideología de la tecnocracia».
2. El rol de la técnica y el desafío ético
El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado, ciertamente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de sombra, se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicaciones, a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.
Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, es necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en guardia contra los peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de aquella absolutización de la técnica que «tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura materia» (8) y a minimizar el valor de las decisiones del individuo humano concreto que actúa en el sistema económico-financiero, reduciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un «más allá», comprendido como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas para los problemas, sino que empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.
También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la relevancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto ser desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para el otro hombre», según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos Países en perjuicio de otros. Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se producirán a nivel social, político y económico estarán destinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las bases mismas de las instituciones democráticas, aún de aquellas consideradas más sólidas.
Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían asumir, como alma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de cuentas, mantener vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre de la común dignidad de todos los seres humanos: «por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad». (9)
Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de «una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías». (10) Es preciso, hoy sin demora acoger su amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la vocación trascendente de la persona y de la familia humana.
3. El gobierno de la globalización
En el camino hacia la construcción de una familia humana más fraterna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la trascendencia, se presenta particularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor. Tomaba pues conciencia, del hecho que en la comunidad humana, había disminuido la correspondencia entre la organización política “a nivel mundial y las exigencias objetivas del bien común universal”.(11) Por consiguiente, auguraba fuera creada un día, una «Autoridad pública mundial». (12)
Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenómeno de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los otros bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-financiero mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza de la Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y digna de urgente concretización.
El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in terris, ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad política mundial. (13) Dicha necesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en la promoción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos esos campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no sólo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.
Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también «el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes». (14)
La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha Autoridad, por tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es decir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se ponen. Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado, que hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconectados e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y de los intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados monetarios y financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la «economía real», en especial de los Países más débiles.
Es este un proceso complejo y delicado. Tal Autoridad supranacional debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse en práctica gradualmente, para favorecer también la existencia de sistemas monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y estables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden al desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los valores de la caridad y de la verdad. (15) Se trata de una Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de las crecientes responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser desatendidos considerandos superfluos, elementos como la confianza recíproca, la autonomía y la participación. El consenso debe involucrar, un número cada vez mayor de Países que se adhieren por convicción, mediante ese diálogo sincero que no margina, sino más aún que valora las opiniones minoritarias. La Autoridad mundial debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.
La constitución de una Autoridad política mundial debería estar precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá una institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mismo tiempo, de permitir que cada País exprese y procure el propio bien particular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien de todos y de cada uno, será necesariamente super partes, es decir, por encima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-poder de los Países más desarrollados sobre los Países más débiles. Deberán, en cambio, ser asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no sólo en ventaja de algunos grupos formados por lobbies privadas o por Gobiernos nacionales.
Una institución supranacional, expresión de una «comunidad de las Naciones», no podrá por otra parte, durar por mucho tiempo, si las diversidades de los Países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e inmateriales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, alimentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial, debilitaría la eficacia de la correspondiente Autoridad.
Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La persona no está hecha para servir incondicionalmente a la Autoridad, cuya tarea es la de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el valor preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los Gobiernos no deben servir incondicionalmente a la Autoridad mundial. Esta última, ante todo debe ponerse al servicio de los diversos Países miembros, de acuerdo al principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos por políticas nacionales paternalistas, ni debilitados por déficit sistemáticos de las finanzas públicas y de los Productos nacionales que, de hecho, impiden a los mercados operar en un contexto mundial como instituciones abiertas y competitivas.
En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor por Benedicto XVI, (16) el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones entre el Estado y las comunidades locales, entre las Instituciones públicas y las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así, en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual, futura Autoridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia de las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar la libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo tiempo, responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que les competen.
Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad superior ofrece su subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y financieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mismos lo que les es requerido. (17) Gracias al principio de solidaridad, se construye una relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una Autoridad pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios, las diversas sociedades - incluidas aquellas económicas y financieras - y los ciudadanos toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común mundial, que trasciende el nacional.
«El gobierno de la globalización» - se lee en la Caritas in veritate - «debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren recíprocamente». (18) Sólo así se puede evitar el riesgo del aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría el peligro de la deslegitimación de una separación demasiado grande de las realidades sobre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones paternalistas, tecnocráticas, o hegemónicas.
Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad de reunir las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de las de sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, regional y mundial. Entre las políticas aparecen como más urgentes aquellas relativas a la justicia social global: políticas financieras y monetarias que no dañen los Países más débiles; (19) políticas dirigida a la realización de mercados libres y estables y una distribución ecua de la riqueza mundial incluso mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global, de la cual se referirá más adelante.
En el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionado al gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones preexistentes.
4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional que responda a las exigencias de todos los Pueblos.
En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de government de la economía y de las finanzas internacionales.
¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que se deben desarrollar concretamente?
Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial, se deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual disminución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los inicios de los años Setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundiales, es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar sobre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone más de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sistema monetario mundial.
El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha crecido mucho más rápidamente que la «economía real» habiéndose velozmente desarrollado, por efecto de un lado, de la abrogación generalizada de los controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia a la desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el otro, con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instrumentos informáticos.
En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la moneda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más rápidamente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste observar lo acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el contexto de las crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior y, en fin, en la crisis de 2008.
Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la tendencia a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y financiera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los Países más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se puede dejar de notar que así, no parece respetarse plenamente el principio representativo, en particular de los Países menos desarrollados o emergentes.
La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de Países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando así del G7 al G20. Ha sido, ésta, una evolución positiva, en cuanto ha consentido involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas globales, la responsabilidad de Países con una población más elevada, en vías de desarrollo y emergentes.
En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices concretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas, podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas instituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.
Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica demuestra la importancia de comenzar una nueva era de la economía global basada en la responsabilidad». A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la responsabilidad», además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders proponen una «reforma de la arquitectura global para afrontar las exigencias del siglo XXI»; y por tanto además «un marco que permita definir las políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo global sólido, sostenible y equilibrado». (20)
Es preciso por tanto, dar inicio a un proceso de profunda reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a valorizar los aspectos positivos de las instituciones y de los fora ya existentes.
Una atención específica debería reservarse a la reforma del sistema monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícita en los Estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida, esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes, para encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de un proceso que debe involucrar también a los Países emergentes y en vías de desarrollo, al momento de definir las etapas de adaptación gradual de los instrumentos existentes.
En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco central mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescubrir la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que portaron a los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría realizarse con valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una reflexión a nivel económico y financiero, sino también y ante todo, a nivel político, con miras a la constitución de instituciones públicas correspondientes que garanticen la unidad y la coherencia de las decisiones comunes.
Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los primeros pasos en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal; como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comunidad mundial por orientar sus instituciones hacia la realización del bien común. Deberán seguir otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas que conocemos pueden acentuarse, pero también acompañarse de cambios que hoy día sería en vano tratar de prever.
En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política - responsable del bien común - sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar estas últimas al interno de los confines de su real vocación y de su función, incluida aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén efectivamente al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda forma de monótono economicismo y de mercantilismo performativo.
En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece pues, oportuno reflexionar, por ejemplo,
a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras, mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos proporcionados a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se realizan en el mercado «secundario». Dicha imposición sería muy útil para promover el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia social y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una reserva mundial de apoyo a los Países afectados por la crisis, así como al saneamiento de su sistema monetario y financiero;
b) sobre formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos «virtuosos» y finalizados a desarrollar la «economía real»;
c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito ordinario y del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina más eficaz de los «mercados paralelos» privados de controles y de límites.
Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir amplios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que todos los que, en las Universidades y en los diversos Institutos, llamados a formar las clases dirigentes del mañana, es deseable se dediquen a prepararlas para asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien público global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver la divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, evidenciando en modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la praxis y de la poiésis.
El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo nuevo no ya en la angustia, sino en la esperanza y en la solidaridad.
Conclusiones
En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, estamos llamados a no rendirnos, y a construir sobre todo, un futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar frutos.
Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en todos los niveles - social, político, económico y profesional - motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena. (21) Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca antes experimentado.
Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación prospectiva», capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. (22) Liberando la imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo las instituciones, sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.
Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transformado en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del propio territorio. Sin embargo las condiciones sociales, culturales y políticas han mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia - hasta llegar a ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada vez más por un ordenamiento compartido - pero no ha desaparecido una forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder conseguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.
Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pequeñas o grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar dicho «estado de naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obstante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene que comprometerse en la transición de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los Países - cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posee - paz y seguridad, desarrollo, libres mercados, estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley - advierte Juan Pablo II - «así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional». (23)
Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger por sí solos.
Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden internacional «westphaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.
Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho están ya erosionadas.
La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo.
En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en acto, se dirijan las hacia prospectivas de la fraternidad y del bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios». (24)
En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, sin embargo, que esta paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.
La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de Babel también nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, porque los fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.
El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las divisiones y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una Autoridad pública mundial, al servicio del bien común.
1 Pablo VI, Carta encíclica Populorum progressio, n. 13.
2 Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, n. 21.
3 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; Annex, 1.
4 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporaneo Gaudium et spes, n. 34.
5 Carta encíclica Populorum progressio, nn. 76 ss.
6 Cfr. International Monetary Fund, Annual Report 2007, pp. 8 ss.
7 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 45.
8 Ib., n. 77.
9 Juan Pablo II, Carta encíclica Centesimus annus, n. 70.
10 Ib., n. 40.
11 Juan XXIII, Carta encíclica Pacem in terris, n. 70.
12 Cfr. ib. nn. 71-74.
13 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 67.
14 Ib.
15 Cfr. ib.
16 Cfr. ib., nn. 57, 67.
17 Cfr. ib., n. 57.
18 Ib.
19 Cfr. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo Gaudium et spes, n. 70.
20 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; cfr. Annex, par. 1; G-20 Framework for Strong, Sustainable, and Balanced Growth, §1; Leaders’ Statement, nn. 18, 13.
21 Cfr. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 71. Centesimus annus, n. 52
22 Pablo VI, Carta apostólica Octogesima adveniens, n. 37.
23 Carta encíclica Centesimus annus, n. 52.
24 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et spes, n. 39.
Difunde:
Movimiento Teologìas Para La Liberaciòn – Chile
Correo: opcion_porlospobres_chile@yahoo.com
http://www.elmostrador.cl/
Conflictos de interés en el Congreso La UDI lidera ranking de parlamentarios que ocultan sociedades pese a obligación de declararlas
por Yael SchnitzerSaber dónde están los principales intereses económicos de los partidos políticos y sus parlamentarios, y quiénes mantienen en la oscuridad su participación en sociedades, hoy es posible gracias a una herramienta creada por la Fundación Ciudadano Inteligente. Los honorables tienen en total participación en 298 sociedades, de las cuales sólo un 66% está correctamente declarada.
jueves, 3 de noviembre de 2011
http://ciperchile.cl/
CIPER revisó las donaciones hechas en 2009 y 2010
Donaciones a universidades: El sistema que favorece a las instituciones que educan a la elite
Por: Publicado: 02.11.2011
De las 10 universidades que recibieron más aportes de privados en 2010, sólo una es estatal. La mayoría son instituciones conservadoras en lo valórico, liberales en lo económico y con una matrícula compuesta por alumnos de estratos altos. Las empresas donantes descuentan esos dineros de sus impuestos, en virtud de una norma promulgada por el gobierno militar, apoyando proyectos que les son afines ideológicamente con dinero que debieron haber pagado al Fisco. Conozca la nómina completa de las donaciones a universidades hechas en 2009 y 2010, entregada por el Ministerio de Educación a CIPER.
miércoles, 2 de noviembre de 2011
Misión de Educación Sin Fronteras
Educación sin Fronteras es una ONGD constituida como asociación que quiere contribuir a una educación transformadora hacia un mundo más justo y solidario, a través de acciones de cooperación internacional para el desarrollo realizando acciones que promuevan el cambio en nuestra sociedad.Principios de Educación Sin Fronteras
- Independiente
- Laica
- Transparente
- Sin ánimo de lucro
- Abierta al diálogo intercultural
- Respetuosa con el medio ambiente
- Transformadora de las relaciones desiguales de género
- Comprometida en la lucha contra la pobreza
- Responsable en la calidad de nuestro trabajo
- Impulsora del trabajo en red con otras organizaciones y movimientos
- Participativa
- Solidaria
- Promotora de un análisis y espíritu crítico
miércoles, 26 de octubre de 2011
MARCELO ANDRES MOYA MOYA (estudiante de 4 medio, educacion de dultos)
OH ANGEL DE DESTRUCCION
LOS CORAZONES SANGRAN Y LOS TEMPLO Y LAS IGLECIAS CAEN A PEDAZOS. MI ENTRADA A LA VANIDAD DELA ETERNA TORTURA
RIO A LA ETERNIDAD
MI CUERPO NO SIENTE NADA Y MI ALMA CAE EN UN PROFUNDO SUEÑO, A LA DISTANCIA UNLA BARCA YLA BARCA RESCOSTADOLA BARCA COMOLA BARCA AVANZALA GLORIAS AL
26 de Octubre de 2011
Ex ministros y ex rectores aparecen a uno y otro lado del mesón Los conflictos de interés tras el negocio de las agencias acreditadoras de universidades
En teoría velan por la calidad de los programas y carreras del sistema de educación superior chileno. Pero la institucionalidad creada en 2006 enfrenta hoy diversos cuestionamientos, como que los nombres que circulan en el ambiente juegan a las “sillas musicales”. Para Educación 2020 sólo sirven para mejorar la imagen en su objetivo de capturar alumnos-clientes. Algunos de sus miembros también defienden su rol e idoneidad.
“El objetivo de la acreditación de los programas de las especialidades del área salud es, en último término, velar por la calidad de los cuidados profesionales médicos y por el respeto de los derechos y la dignidad de los enfermos”, señala en su sitio web Apice Chile, la agencia que acreditó la especialidad que si bien cumplió con la ley al momento de dar los años de gracia, con este cotidiano hecho deja al descubierto uno de los cuestionamientos más duros en contra del sistema de acreditación: los conflictos de interés que eventualmente pueden tener los dueños de las agencias, uno de los pilares del modelo. A veces están en la vereda de los evaluadores y, en otras ocasiones, en la de los evaluados.
El decano de la Facultad de Medicina de la UNAB fue hasta marzo de este año Pedro Uribe, quien abandonó ese puesto para hacerse cargo de la rectoría. El punto es que al mismo tiempo que dejaba el decanato, también renunciaba al directorio de Apice Chile, que sólo meses después acreditaría la especialidad de la UNAB.
Las agencias fueron creadas por la Ley Nº 20.129 de noviembre de 2006, que estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y creó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Los criterios de calidad son definidos por la ley. Si las carreras cumplen, se acreditan por hasta siete años. En el caso de los postgrados, el tope es de 10 años.
Sin embargo, muchos expertos coinciden en que su nacimiento fue un parto con fórceps. Eugenio Díaz –ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Acreditación y actual consejero del organismo– dice que las agencias de acreditación fueron creadas por sugerencia de quienes temían que la CNA expresara una intromisión indebida del gobierno en la autonomía de las instituciones de educación superior, refiriéndose a la derecha. “Para compensación o contrapeso se propuso la creación de las agencias acreditadoras, instituciones privadas, sin tradición en el país, asignándole la función de acreditar carreras de pregrado en las áreas en que fueren autorizadas y programas de magíster”, señala Díaz.
Los organismos internacionales han sido críticos con el sistema de acreditación en Chile. En un informe de 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca el sistema nacido en 2006, pero señala que sólo es “un primer paso” y no asegura necesariamente una mejor calidad de la enseñanza en pregrado.
Las sillas musicales
Las agencias acreditadoras reconocidas por la CNA son ocho y nacieron entre 2008 y 2010. Son las encargadas de dar garantía pública de calidad de las carreras y programas impartidos por las instituciones de educación superior autónomas. Cobran entre 3 millones y más de 8 millones de pesos –como mínimo– por acreditar una carrera. “A veces hacen combos por acreditar más de una”, cuenta el encargado del área administrativa de una universidad.Según datos de la CNA, desde la creación del sistema, el conjunto de las ocho agencias acreditadoras autorizadas han realizado 858 procesos de acreditación en pregrado y 53 de postgrado. Acreditacción es la que ha desarrollado el mayor número de procesos (235), seguida por Agencia Akredita QA (208) y Agencia Acredita CI (156). En general han acreditado a más del 90% de programas y carreras que han evaluado.
Acreditacción es una sociedad anónima que comenzó a funcionar en junio de 2008. Su directorio está presidido por Moisés Silva, reconocido experto del mundo académico y en aseguramiento de la calidad de la educación desde el año 1991. Trabajó en la Universidad de Concepción, fue consejero de la CNAP -predecesor del actual sistema de acreditación- y fue director de aseguramiento de la calidad de la Universidad Mayor. Silva es también, actual vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la UNAB. En la empresa también está Juan José Villavicencio, ex rector de la Unicyt.
Akredita QA fue autorizada para operar el 9 de julio de 2008 y en su constitución jurídica figuran Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile; Manfred Max-Neef, ex rector de la Universidad Austral; Ubaldo Zúñiga, ex rector de la Usach; Iván Navarro, ex vicerrector académico de la Universidad de Los Lagos; Jaime Pozo, ex rector de la Universidad de La Serena y Carlos Lorca, ex secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). “Puede estar permitido por la ley, ¿pero tú crees que no hay conflictos entre una agencia formada por rectores y vicerrectores si son todos amigos y más de una vez se sientan a la misma mesa a comer?”, comenta un ex miembro de la CNA.
Según los registros de la CNA es esta agencia la única que ha recibido una sanción de ese organismo. Según consta en el Acuerdo Nº39, el 24 de agosto de 2010, María Torres Salazar envió una carta al ministro de Educación –entonces Joaquín Lavín– para advertir una posible colisión de intereses en la acreditación de la carrera de Educación Parvularia del Instituto Profesional Los Leones, ya que Luis Riveros no era sólo presidente de la institución que acreditaba, sino que también miembro del Consejo Académico Superior de ese instituto.
María Teresa Torres cuenta hoy a El Mostrador por qué tomó esa decisión. En ese tiempo ella abandonaba el trabajo que realizó por 12 años en la institución –donde se desempeñó como directora de administración y asegura que esa acreditación jamás debió existir. “Ni la carrera ni el instituto debió ser acreditado. Primero porque es sólo un gran negocio; si hacemos un símil con el retail podríamos decir que es como La Polar. No hay filtro, se pueden matricular sólo con el carnet, antes se pedía la Prueba de Aptitud… Los estudiantes quedan botados a mitad de camino, más del 50% deserta. Pero lo principal es que como resultado no había educación de calidad”, enfatiza Torres.
Hace dos semanas la Agencia Acreditadora de Chile terminó la última visita para visar la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad Finis Terrae. El presidente de esta agencia es Pablo Baraona –fundador de esa misma universidad. Esta agencia del ex ministro de Economía y Minería de Pinochet, además de ex presidente del Banco Central, es compartida con Óscar Cristi Marfil –hermano de la diputada María Angélica Cristi- y rector de la Universidad de Los Andes entre los años 2000 y 2004–; Óscar Garrido Rojas, quien ha sido miembro del Consejo Superior de la Universidad Finis Terrae y rector de la Universidad de Talca. A ellos se suma también Sergio Thiers, actual vicerrector de acreditación y evaluación de la calidad de la Universidad Autónoma de Chile, fundada por el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
Pese a la publicitada pelea con los Legionarios de Cristo que sacó anticipadamente a Baraona de la rectoría ¿No es cuestionable que esta agencia acredite una carrera de la Finis Terrae? “Por supuesto que no”, responde Álvaro Vial Gaete, director ejecutivo de A&C, quien fue vicerrector académico de esa casa de estudios entre 1996 y 2004.
“Acá estamos compitiendo y nadie gana excesivamente. Nadie se ha llenado los bolsillos de plata; sino estaríamos llenos de agencias”, señala Vial, quien agrega que a pesar de que en el sistema hay muchos que están del lado de los evaluados y evaluadores –y viceversa– hay una frontera ética que es imposible vulnerar. “A ver, las carreras van tres pares evaluadores y después cinco consejeros que estudian lo que hicieron los pares y cada uno tiene muchos méritos, no es una tropa de gente que no sabe nada de nada”, señala.
Sin embargo, Eugenio Díaz asegura que claramente la situación puede prestarse al menos para dudas. “Sería conveniente restringir quiénes pueden constituir las agencias. La extrema libertad actual da espacio a algunas situaciones complejas, que resulta difícil comprender, en que se presentan evidentes conflictos de intereses, que podrían evitarse con una regulación más cuidadosa”, dice Díaz.
Las otras agencias también están en manos de personas ligadas a las universidades. La agencia Qualitas está ligada a la Universidad Católica y al DUOC UC. De hecho, funciona en el Campus Oriente. “Pese a que esta agencia es seria, de igual modo puede prestarse para confusiones que esté tan ligada a un establecimiento de educación superior”, señala un actual miembro de la CNA.
Otras agencias más pequeñas son la Agencia Acreditadora de Ciencias de la Salud, cuyo directorio preside Gonzalo Grebe Barros, es decano de la Facultad de Medicina de la UC y también cuenta en sus filas con Andrea Aedo, ex secretaria ejecutiva de la CNA.
Acredita CI, sociedad anónima conformada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G y la Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros S.A, nació en mayo de 2008 y entre su directorio cuenta con el nombre del ex ministro de Eduardo Frei y ex presidente del Banco Central Carlos Massad.
En tanto, Apice Chile, la agencia -que opera desde enero de 2009- y que acreditó el último programa de Medicina de la UNAB y que se especializa en la evaluación de especialidades en el área de la salud, es una corporación de derecho privado compuesta por la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (Asofamech), Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile (Asocimed) y el Colegio Médico.
Respecto a la última acreditación de la UNAB, por medio de un comunicado de prensa, esa casa de estudios señaló que Uribe “fue efectivamente director de APICE en representación del Colegio Médico entre 2008 y marzo de 2011. Una vez que asumió como Rector de la Universidad, renunció a dicha agencia acreditadora. Cuando el Rector fue miembro de APICE nunca se acreditó ninguna carrera o programa de nuestra universidad con esta Agencia. Considerando, además, que APICE es la única agencia autorizada para acreditar programas de formación de especialistas en Medicina”.
El rol de la CNA
Los organismos internacionales han sido críticos con el sistema de acreditación en Chile. En un informe de 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca el sistema nacido en 2006, pero señala que sólo es “un primer paso” y no asegura necesariamente una mejor calidad de la enseñanza en pregrado. Desde París, y en conversación con El Mostrador, Andreas Schleicher, director del Departamento para Indicadores y Análisis del Directorio para Educación de ese organismo, recuerda que las recomendaciones del organismo destacaban que para el avance de la Educación Superior en Chile se requiere, además de importantes puntos, “un sistema amplio y completo de información sobre todos los aspectos del funcionamiento del sector de educación terciaria, incluyendo aportes, procesos y resultados”.Es por esto que las dudas también caen sobre la propia conformación del CNA, cuyos miembros –como consta en la misma página de la institución- son designados por el CRUCH, universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica, por otros miembros de la comisión y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Patricio Basso, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación se defiende de estas críticas: “Contamos con un sistema de inhabilidades establecidos en la norma de manera tal que los miembros de la CNA nunca intervienen, ni directa ni indirectamente, en los procesos de acreditación de sus propias instituciones o con aquellas con que se encuentran relacionados. Por otra parte, la ley estable que si bien los miembros de la Comisión son designados por ciertas entidades, ‘no actuarán en representación de las entidades que concurrieron a su designación’, señala
Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (CIPER) consignó que en 2010 la CNA acreditó a todas las instituciones que se sometieron a evaluación: “16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Desde el más precario instituto hasta la más antigua institución que se presentó, todas se fueron al menos con un año de acreditación bajo el brazo”, consigna la investigación que también reveló otro dato: las irregularidades que detectó Contraloría por la función de Carlos Lorca Auger, quien pasó de ser Secretario Ejecutivo del Cruch a ser miembro del directorio de Akredita. “La Contraloría objetó las posibles influencias que podría ejercer Lorca en ambos puestos ya que el CRUCH designa a tres integrantes de la CNA y ésta debe fiscalizar a Akredita QA, donde Lorca también trabaja”, señala el reportaje.
Con el objetivo de evaluar cómo está operando el sistema que la propia OCDE será parte del proceso en los próximos meses. El Mineduc solicitó formalmente a este organismo que conformara un panel de expertos internacionales para desarrollar la Evaluación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El proyecto busca evaluar el funcionamiento del sistema en su conjunto y de cada uno de sus componentes (licenciamiento, acreditación e información); determinar los principales resultados que éste ha generado sobre la calidad de la educación superior en Chile; y recoger recomendaciones sobre la materia. Actualmente la OCDE está constituyendo el equipo de expertos y afinando la propuesta metodológica para el desarrollo de la evaluación. El proyecto debería llevarse a cabo entre los meses de noviembre y abril, para contar con resultados que lleven a introducir mejoras a la Ley de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior dentro del primer semestre de 2012.
Todo esto se mezcla en un sistema que parece olla a presión y que no tiene como consecuencia lógica la formación de mejores profesionales. Sólo un ejemplo: casi la mitad de los médicos (48%) de la Universidad del Mar que rindieron el último Examen Único Nacional –sobre conocimientos del área– reprobaron. A pesar de esto, esa carrera está acreditada hasta 2012 por una de las agencias con más volumen de clientes, Akredita.
Valentina Quiroga, directora de políticas educativas de Educación 2020 cree que finalmente la “acreditación” ha servido para que las instituciones tengan una mejor imagen antes de comenzar a captar clientes, pero no necesariamente para que mejoren su estándar: “Es como el semáforo de Lavín, pero en otra escala. Finalmente lo que falta es un Estado preocupado de garantizar la calidad de la educación que se entrega”.
sábado, 22 de octubre de 2011
Los ‘rebeldes’ de la Otan y lo que todos callaron sobre Libia
Los principales líderes de la Otan aplaudieron el linchamiento del dictador libio Muammar Gaddafi a manos de mercenarios. Esta artículo, publicado en agosto pasado, da cuenta de la manipulación de la información para justificar el bombardeo aceptado por la ONU en una lucha que tuvo a la CIA, las potencias europeas y Al Qaeda en el mismo bando. Más que una lucha contra una dictadura asistimos a una avanzada imperialista que no conoce de leyes ni fronteras.
Más de cuatro meses de bombardeos de la Organización del Atlántico Norte (Otan) sobre Libia, no fueron suficientes para exigir a Naciones Unidas el estricto cumplimiento de la Resolución del 17 de marzo del 2011, de por sí ilegal, estableciendo una zona de exclusión aérea para “proteger” al pueblo de Libia, utilizada por los “protectores” para ataques masivos sobre la población civil y todo el territorio.
“Es absurdo pensar que las razones para bombardear Trípoli o para tirar al pichón en las afueras de Benghazi están concebidas para proteger a la población civil. La utilización de argumentos está concebida para atraerse el apoyo de los ciudadanos euro-norteamericanos y de parte del mundo árabe” había advertido el pasado 4 de abril, Tariq Alí, (The Guardian y Sin Permiso) una de las voces más reconocidas en esta temática.
Tariq Alí dijo también que el “cinismo es tan patente, que quita el aliento. Se supone que debemos creer que unos dirigentes que se han manchado las manos de sangre en Afganistán y Pakistán están defendiendo ahora al pueblo libio”.
Con duros términos para los medios de comunicación británicos y franceses que “son capaces de tragarse cualquier cosa”, lamentó que “gentes decentes de izquierda caigan todavía en el estercolero lo que resulta deprimente”, para señalar un fenómeno que sucedió en estos meses con sectores y medios considerados “progresistas”.
Por su parte el analista y escritor Pepe Escobar, escribió en la red Rebelión (3 de abril de 2011) que esta es “la primera guerra africana de la Organización del Atlántico Norte (Otan), tal como Afganistán es la primera guerra de esta alianza en Asia central y del sur”.
“PROTECCIÓN AL PUEBLO”
Escobar analizó que la Otan como “brazo armado de la ONU” utilizó un nuevo concepto estratégico “humanitario imperialista” que “acaba con la soberanía nacional, en un hábil replanteamiento que desdibuja completamente el Artículo 2, de la Carta de la ONU sobre el principio de la igualdad soberana de los estados”, y desenmascaró la farsa de la “protección” al pueblo tal como se vendió esta guerra al mundo.
Ante esta situación la autora de esta nota consultó a diplomáticos libios del gobierno de Gadaffi solicitando la versión de su país ocultada por los medios hegemónicos.
De acuerdo a documentos de la cancillería libia los hechos comenzaron cuando en febrero pasado fueron “activadas células dormidas de Al Qaeda”, organización ligada a la CIA estadounidense desde sus principios, cuyos mercenarios “lograron infiltrarse en Libia, favorecidos por los sucesos en Túnez y Egipto creando el clima para ello”.
AL QAEDA ATACA CUARTELES
El gobierno libio comprobó que “se emitieron órdenes a estas células para atacar inmediatamente cuarteles en Albaida, Benghazi y otras ciudades, donde mataron a las guardias y se apoderaron de armas. Luego fueron a prisiones liberaron a criminales a quienes entregaron armas que fueron utilizadas para aterrorizar y atacar a ciudadanos”.
Asimismo destruyeron “estaciones policiales e instituciones de justicia, e incendiaron los edificios, incluyendo los archivos. Describe el informe que las ciudades fueron tomadas por asalto “matando indiscriminadamente a ciudadanos y mutilando sus cuerpos al quemarlos o despedazarlos”.
Los objetivos fueron también compañías, campos petroleros y puertos, afectando a trabajadores “ciudadanos de países extranjeros, obligando a estos a evacuar a sus nacionales y a retirar a empleados de sus embajadas por temor a los ataques”.
Los ex diplomáticos libios denunciaron a los “medios masivos y canales de satélites árabes y occidentales” que aprovecharon estos eventos para lanzar una campaña de desinformación contra Libia, “difundiendo mentiras, distorsionando hechos e instigando a la opinión pública”, mediante noticias “redactadas fuera del país y lejos de la realidad del terreno”, logrando así influenciar y presionar a países y organizaciones regionales e internacionales que se plegaron y apoyaron las acciones dirigidas “contra la seguridad, la unidad de Libia, y la estabilidad de su pueblo”.
La propia Liga de los Estados Arabes suspendió la participación de la delegación libia en las reuniones del organismo, una decisión sin precedentes desde su establecimiento en 1945.
En una acción planificada estos medios “calificaron lo que sucedía en Libia de crímenes contra la humanidad” los que acusaron al gobierno, y sin ningún tipo de comprobación de los hechos, el país fue separado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en “un acto sin precedentes, que carece de la mínima lógica, justicia y neutralidad”.
Lo mismo sucedió con la resolución 1973 de Naciones Unidas tomada “sin tener la información necesaria sobre los sucesos reales” y aduciendo proteger a la población (más de seis millones de habitantes) habilitó miles de incursiones aéreas y bombardeos con las consecuencias que se conocen.
En otro punto se analiza que mediante las noticias manipuladas, se propagó también la falsa idea de bombardeos libios contra civiles para desalentar rebeliones, “en una deliberada falsificación y distorsión de las verdaderas operaciones en tareas limitadas y muy precisas”.
Y en este aspecto aclaran que la defensa libia sólo actuó “como lo puede demostrar” para inutilizar depósitos de armas y municiones, “lejos de áreas habitadas, a fin de destruirlos e impedir que fueran tomados y utilizados para incrementar la violencia y expandir los crímenes que estaban cometiendo”.
Se protegió la vida de los que cuidaban esos sitios a los que se advirtió previamente.
Esto concuerda con las declaraciones de diplomáticos rusos, chinos y turcos y algunos medios de comunicación latinoamericanos presentes en el lugar, de que no se había comprobado ningún bombardeo libio sobre población civil.
Sostienen los informes que la “violenta campaña” de desinformación llevó a apoyar la resolución de la ONU “bajo la equivocada conclusión de que las autoridades libias habían perdido legitimidad”, lo que no sucedió y “todos pueden ver a un pueblo que resiste y rechaza las ofertas de los que bombardean para que Libia se rinda”.
Los funcionarios destacan que en una resolución anterior (la 1970) de este año el Consejo de Seguridad incluyó una serie de medidas coercitivas contra Libia en tiempo récord, lo que llevó a la cancillería a advertir que el Consejo de Seguridad tomó decisiones sobre Libia, violando los estatutos, “ya que debió hacerlo de acuerdo con los capítulos sexto y octavo, puesto que es un tema africano y debe ser manejado por la Unión Africana”.
INFORMES DE PRENSA
De la misma manera se preguntan “por qué el Consejo emitió su resolución bajo el capítulo séptimo en base a informes de prensa, ignorando deliberadamente que las autoridades libias habían aceptado el envío de una comisión investigadora al terreno, en respuesta a la resolución emitida por el consejo de Derechos Humanos el 25 de febrero de 2011, y a la resolución emitida por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana el 23 de febrero de 2011”.
Entre otros interrogantes los diplomáticos libios también se preguntan sobre las razones por las cuáles el Consejo de Seguridad no tomó resoluciones contra la Otan en su lucha con las que llamaban ‘bandas armadas’ en Afganistán y Pakistán o por qué Estados Unidos y sus aliados no fueron castigados “cuando en sus planes de guerra” atacaron la ciudad iraquí de Fallujah matando a muchos de sus habitantes y destrozando edificios y mezquitas, con el argumento de que Al-Zarqawi se había atrincherado allí”.
Enumeran una serie de casos y situaciones donde se produjeron ataques criminales guerras ilegales, violaciones al derecho internacional y humanitario y masacres contra los pueblos, sin que la ONU haya hecho nada.
Contrastando con esas posiciones reclaman que no se haya reconocido a Libia “el legítimo derecho a la defensa ante tan duros ataques y ante la injerencia externa que era por todos conocida”.
También se aclara que en el país no hubo manifestaciones pacíficas sino que se trató desde el primer momento de “una conspiración externa, diseñada por adelantado y ejecutada por bandas armadas latentes o ‘dormidas’ con la complicidad de ciertos países” afectando la soberanía, la independencia, la unidad del territorio libio y buscando apoderarse de sus riquezas petroleras y otras.
Los informes destacan las presiones sobre las misiones libias en el exterior, “para que los diplomáticos renuncien”, todo lo cuál conforma “una flagrante intervención en los asuntos internos” y pone como ejemplo el hecho de que los gobiernos extranjeros que participan en los ataques a Libia, “establecieron contactos con los líderes de bandas, sin conocer quienes eran, y los consideraron sus interlocutores, incluso aterrizaron en zonas libias bajo control extranjero, desconociendo la soberanía del país, sin permiso del gobierno competente.
Estas acciones ilegales, “mostraron que nunca hubo interés en una solución que resguardara la vida del pueblo libio”, sino que “vinieron a derrocar el gobierno, a dividir el país y a volver a los tiempos coloniales, matando a centenares de civiles y destruyendo lo que el esfuerzo del pueblo construyó desde que el país dejó de ser una colonia en los años 69”.
LOS “REBELDES” DE LA OTAN
El gobierno libio reclama el derecho a defender a su pueblo y su territorio, y lamenta que las denuncias sobre la presencia extranjera en las supuestas rebeliones “no hayan sido tomadas seriamente por otros estados y organizaciones, que hubieran podido comprobarlo en el terreno e impedir esta tragedia”. Documentan cómo el gobierno cumplió con todas las resoluciones de la ONU constituyendo el 7 de marzo de 2011 “un tribunal de apelación y un tribunal independiente, integrado por jueces experimentados para investigar los casos criminales ocurridos en Libia desde el 15 de febrero de 2011”.
También acató lo acordado en la reunión sostenida con Abdulelah Alkhatib, enviado del secretario general de la ONU a Libia, disponiendo detener todas las operaciones militares, pero el país fue atacado de inmediato. “En respuesta al Comunicado del Consejo del 23 de febrero de 2011 se preparó la recepción de una misión del consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para comprobar la situación en el terreno y se ofreció recibir un comité investigador internacional bajo el liderazgo de la ONU ante las demandas del Consejo de Derechos Humanos”, señala el informe libio.
La cancillería informó asimismo a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las disposiciones tomadas por Libia ante la primera resolución asumiendo el compromiso de proteger a los civiles, proveer ayuda humanitaria, respetar los derechos humanos y proteger a ciudadanos extranjeros, la no utilización de mercenarios por parte de Libia, la apertura de canales para la discusión “con vista a preservar la soberanía nacional en todo el territorio de la patria” y pidió a organismos y autoridades internacionales que investigaran en el terreno, “en lugar de apoyarse en falsas alegaciones”.
Nada de lo hecho por Libia fue reconocido y la respuesta fue el bombardeo permanente hasta no sólo la caída del gobierno de Gadaffi sino que su exterminio físico. “Esta agresión es la ejecución de una conspiración premeditada, como había sido advertido desde el inicio” y por eso no hubo ninguna respuesta ante la disposición del ejecutivo libio a cumplir todos sus compromisos, incluso aceptando el mapa de ruta propuesto por el comité africano de alto nivel el 19 de marzo que estipulaba en su primera fase, el alto a todas las hostilidades”. Se demuestra así que los atacantes “no querían ni la paz, ni la protección del pueblo. Quieren a Libia y sus riquezas no importa cuantos deban morir”.
Por Stella Calloni
El Ciudadano
Carta de Principios del
Foro Social Mundial
El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre del 25 al 30 de Enero de 2001, considera necesario y legítimo, después de analizar los resultados de dicho Foro y las expectativas por él creadas, establecer una Carta de Principios que oriente la continuidad de esa iniciativa. Los principios que constan en la Carta - que deberán ser respetados por todos los que desearen participar del proceso y por aquellos que sean miembros de la organización de las nuevas ediciones del Foro Social Mundial - consolidan las decisiones que presidieron al Foro de Porto Alegre, que garantizaron su éxito y ampliaron su alcance, definiendo orientaciones que parten de la lógica de esas decisiones.
1. El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra.
2. El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una realización colocada dentro de su tiempo y espacio. A partir de ahora, basándose en la proclamación que surgió en Porto Alegre que "otro mundo es posible", el Foro se convierte en un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, no limitándose exclusivamente a los eventos que le den apoyo.
3. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter mundial. Todos los eventos que se realicen como parte de este proceso tendrán una dimensión internacional.
4. Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de globalización, comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas alternativas surgidas en el seno del Foro tienen como meta consolidar una globalización solidaria que, como una nueva etapa en la historia del mundo, respete a los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos.
5. El Foro Social Mundial reúne y articula a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del mundo, pero no pretende ser una instancia de representación de la sociedad civil mundial.
6. Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen un carácter deliberativo. O sea, nadie estará autorizado a manifestar, en nombre del Foro y en cualquiera de sus encuentros, posiciones que fueran atribuidas a todos sus participantes. Los participantes no deben ser llamados a tomar decisiones, por voto o aclamación - como conjunto de participantes del Foro - sobre declaraciones o propuestas de acción que incluyan a todos o a su mayoría y que se propongan a ser decisiones del Foro como tal.
7. Por consiguiente, debe asegurarse que las entidades participantes de los encuentros del Foro tengan la libertad de deliberar - durante la realización de las reuniones - sobre declaraciones y acciones que decidan desarrollar, aisladamente o de forma articulada con otros participantes. El Foro Social Mundial se compromete a difundir ampliamente esas decisiones, por los medios a su alcance, sin
direccionamientos, jerarquizaciones, censuras o restricciones, aclarando que son deliberaciones de las propias entidades.
8. El Foro Social Mundial es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidario, que articula de manera descentralizada y en red a entidades y movimientos que estén involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo diferente, local o internacional.
9. El Foro Social Mundial siempre será un espacio abierto a la pluralidad y a la diversidad de actuación de las entidades y movimientos que quieran participar, además de abierto a la diversidad de géneros, etnias, culturas, generaciones y capacidades físicas, desde que sea respetada la Carta de Principios. No deben participar del Foro representaciones partidarias ni organizaciones militares. Podrán ser invitados a participar, en carácter personal, gobernantes y parlamentares que asuman los compromisos de esta Carta.
10. El Foro Social Mundial se opone a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, del desarrollo y de la historia y al uso de violencia como medio de control social por parte del Estado. Propugna el respeto a los Derechos Humanos, la práctica de una democracia verdadera y participativa, las relaciones igualitarias, solidarias y pacificas entre las personas, etnias, géneros y pueblos, condenando a todas las formas de dominación o de sumisión de un ser humano a otro.
11. El Foro Social Mundial, como espacio de debates, es un movimiento de ideas que estimula la reflexión y la divulgación transparente de los resultados de esa reflexión sobre los mecanismos e instrumentos de dominio del capital, sobre los medios y las acciones de resistencia y de superación de ese dominio, sobre las alternativas propuestas para solucionar los problemas de exclusión y desigualdad social que están siendo creados, tanto
internacionalmente como en el interior de los países, por el proceso de globalización capitalista, con sus dimensiones racistas, sexistas y destructivas del medio ambiente.
12. El Foro Social Mundial, como espacio de intercambio de experiencias, estimula el mutuo conocimiento y el reconocimiento por parte de las entidades y movimientos participantes, valorando el intercambio, en especial de aquello que la sociedad construye para centrar la actividad económica y la acción política en la atención a las necesidades del ser humano y el respeto por la naturaleza, tanto para la generación actual como para las futuras.
13. El Foro Social Mundial, como espacio de articulación, busca fortalecer y crear nuevas articulaciones nacionales e internacionales, entre entidades y movimientos de la sociedad, que aumenten, tanto en la esfera pública como la privada, la capacidad de resistencia social no violenta al proceso de deshumanización que vive el mundo y a la violencia utilizada por el Estado, además de fortalecer aquellas iniciativas de humanización que están en curso a través de la acción de esos movimientos y entidades.
14. El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario.
Aprobada y adoptada en São Paulo, el 9 de abril de 2001, por las entidades que constituyen el Comité de Organización del Foro Social Mundial. Aprobada con modificaciones por el Consejo Internacional del Foro Social Mundial el día 10 de junio de 2001.
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