Por la vía de un veto, finalmente, el Ejecutivo impuso su reajuste nominal de los salarios mínimos lo cual disminuye el poder adquisitivo de quienes lo perciben. Ello se produce porque el índice de la canasta de alimentos en doce meses aumentó en un porcentaje mayor a dicho incremento nominal, afectando proporcionalmente con mayor fuerza a los sectores de la población de menores ingresos que deben dedicar un alto porcentaje de ellos a su adquisición. El salario mínimo en un acontecimiento sin precedentes fue cursado con votaciones en contra durante su trámite regular parlamentario que expresó la oposición al bajo reajuste. Se confirma así que el país cuenta con un Gobierno que se encuentra en oposición a los intereses de las grandes mayorías. La última encuesta de Adimark al anotar que menos de la tercera parte de la población aprueba la gestión de Piñera, mientras un 62% lo rechaza, es expresión de este malestar, que se expresó claramente en las grandes movilizaciones de masas efectuadas en las últimas semanas. El descontento adquiere otras expresiones. Los trabajadores de Codelco acordaron un paro de 24 horas, que no se producía desde los años de dictadura, ante todo por el incumplimiento de algunos compromisos y las expresiones de privatización de algunas filiales. En verdad, ya se desprendió de empresas como la generadora eléctrica EC-L (ex Edelnor), la actitud privatizadora por tanto no es nueva.
La discusión sobre el reajuste del salario mínimo a regir desde el mes de julio volvió a demostrar las múltiples falencias de la tan pregonada “política social” del gobierno Piñera. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo en su intervención en el seminario “Perspectivas Económica 2011-2012” que la discusión sobre el reajuste producida en el Congreso le resultó frustrante dado que “los que tienen menos, no importan mucho” (24/06/11). Considerando que los salarios mínimos son percibidos básicamente por trabajadores que se encuentran en situación de pobreza podría deducirse de las palabras de Larraín que se estaría efectuando un esfuerzo por ir modificando esta situación. No es así.
Al contrario, el gobierno busca reducir al máximo los mejoramientos en las remuneraciones. La propuesta inicial de reajuste en el salario mínimo fue aumentarlo en sólo un 4,7%. Este porcentaje conducía a una reducción en términos reales si consideramos que el costo de la canasta básica de alimentos calculado por Mideplan al mes de mayo había aumentado en doce meses un 7,5%. Por tanto, de concederse ese nivel de incremento las capas de la población adquirentes de la canasta básica habrían visto reducirse su capacidad adquisitiva en 2,6%. En cifras anualizadas, a su vez, el IPC de energía aumentó el mismo mes en 16,7%.
Para lograr su aprobación en la Cámara de Diputados al ejecutivo elevó el incremento a 5,5% que continuaba estando dos puntos porcentuales por debajo del aumento en doce meses del costo de la canasta básica de alimentos. “(…) esta miseria de la chaucha de $500 no los va a llevar a nada –dijo en ese momento el diputado independiente Miodrag Marinovic- (…) no podemos estar bolicheando con los trabajadores de nuestro país” (22/06/11). Por lo demás el salario mínimo debe llevarse a un nivel tal que saque a sus receptores de la situación de pobreza.
El 5,5% lo mantuvo inmodificado en el Senado, siendo su propuesta rechazada, pasando el trámite legal a la Comisión Mixta de ambas ramas. En esta instancia Larraín elevó la propuesta a un siempre insuficiente 5,8%, el que tampoco concitó acuerdo. “Tomarse todos estos días para subir la oferta en $500 –exclamó el diputado DC Pablo Lorenzini- es una burla para los trabajadores” (06/07/11). La situación quedó a la espera de un veto presidencial. “Llegar al veto –recalcó el senador Eugenio Tuma- revela una tremenda falta de manejo de las autoridades. Solo vimos –añadió- planteamientos rígidos en el trámite” (07/07/11).
El mensaje de veto del Ejecutivo insistió en el 5,8% de incremento, llevando el salario mínimo a $182.000. Larraín al ingresarse el veto al parlamento insistió que con el porcentaje de aumento “se está mejorando el poder adquisitivo de quienes ganan el salario mínimo” (08/07/11). Reiteró así una falacia que mantuvo durante todo el proceso de discusión, ya que como se ha reiterado el aumento es inferior al incremento de la canasta de alimentos, consumo fundamental de los receptores de esta remuneración.
Larraín argumentó que esa cifra estaba por encima de la establecida por la comisión “técnica” que constituyó, la cual estableció como parámetros explicó “la inflación más la productividad, la cual arrojaba un 4,4% de reajuste, sin embargo, el gobierno –subrayó- hizo un esfuerzo adicional y presentó un 5,5%” (24/06/11). Lógicamente, si se busca compensar la inflación debe ser la alcanzada en el año transcurrido, que condujo a una pérdida de poder adquisitivo que debe recuperarse, y su magnitud es la experimentada realmente por los trabajadores que perciben el salario mínimo. El indicador que lo mide con una mayor exactitud es el IPC de la pobreza.
Es a este porcentaje que se le debe agregar el incremento de la productividad, cuyo cálculo para los doce meses a considerar, aún no se conoce, pero se puede estimar considerando las proyecciones para el año del Banco Central y las cifras entregadas hasta ahora de incremento en doce meses del empleo. El informe de política monetaria del Banco Central estima una expansión en el año del PIB que fluctuaría entre 6% y 7%, mientras que las últimas cifras públicas del INE de crecimiento anualizado del empleo lo cifran en 5%. Por tanto, la productividad estaría aumentando por encima de un 1%, porcentaje que se debe sumar a la inflación experimentada por los receptores del salario mínimo.
Como es tradicional el argumento principal dado para rechazar incrementos mayores del salario mínimo fue que perjudicaría a quienes podrían obtener empleos con remuneraciones aún menores. “Los intentos por lograr un determinado nivel básico de satisfacción de necesidades familiares a través del salario mínimo –editorializó La Tercera- tiene el efecto gravemente inconveniente de limitar la oferta de trabajo a personas con productividad limitada, condenándolas al desempleo” (23/06/11). Es un argumento inmoral, ya que propicia su incorporación al mercado del trabajo con salarios de hambre. Los hechos, por lo demás, no confirman esta relación lineal entre incremento del salario mínimo y tasas de desempleo.
En realidad, los salarios mínimos, como ha escrito el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía, debería formar parte de un sistema de protección social “que invierte en elevar el capital social de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, (…) porque –agregó- son parte de las políticas para combatir la pobreza, así como también mecanismos para contribuir a disminuir las asimetrías de poder de los trabajadores más jóvenes o menos calificados en su relación con las empresas y en los procesos de integración primera a los mercados de trabajo”
[1]. Son dos formas radicalmente diferentes de entender los salarios mínimos, una como un mecanismo de explotación extrema y la otra de protección social.
Una vez más el debate llevó a que se diesen propuestas que acentuarían todavía más la regresividad de los salarios mínimos. Parlamentarios de la UDI se pronunciaron por ampliar de 18 a 24 años la edad que permite pagar un monto del salario mínimo equivalente a apenas un 75% del total, con el ya mencionado argumento de que así no se afectaría el empleo juvenil, si el reajuste fuese superior al 5,5%.
Más allá de cálculos matemáticos debe tenerse en cuenta el malestar que expresa la ciudadanía por diferentes canales y que es una de las características de lo acontecido en el trimestre que finaliza. “Si uno se quedara con las exitosísimas cifras de crecimiento económico que nos mostró el ministro de Hacienda –señaló en el mismo seminario en que habló Larraín el presidente de Adimark, Roberto Méndez-, realmente el país debería estar exuberante (…) y la sociedad muy tranquila, pero la realidad no es esa, es muy diferente (…). Creo –añadió- que el discurso exitista, sin matices, del gobierno es ofensivo al grupo D-E. El grupo D-E –insistió- está peor, y cuando le dicen que estamos en jauja, que estamos creciendo en el mejor momento de los últimos 16 años, eso es agresivo para este grupo” (24/06/11).
El malestar existente se expresó también en la decisión de los sindicatos de Codelco, reunidos en torno a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), presentados intencionadamente como un sector de trabajadores lleno de privilegios, que decidieron paralizar el 11 de julio. Al llamado de paralización, que no se producía desde los años de dictadura en 1983 adhirieron los sindicatos de supervisores y los trabajadores contratistas, obligando a la empresa a suspender la celebración del aniversario de Codelco.
Los fundamentos de la movilización residen en incumplimientos de los contratos colectivos, el peligro de nuevos despidos y la convicción de que se avanza hacia medidas privatizadoras. Esta conclusión la fundamentaron en que se está procediendo a dividir los activos de la empresa en diferentes sociedades. “Lo que pretenden –declaró el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza-, es establecer un Codelco A y un Codelco B. Estamos viendo –añadió- que están tratando de prepararse para tener un Codelco B a la mano en caso de que la empresa principal caiga en un endeudamiento muy grande (…) como está sucediendo” (08/07/11). En junio, el directorio de Codelco adoptó la resolución de traspasar el yacimiento Gabriela Mistral a una empresa filial, lo que crea el peligro que posteriormente procedan a desprenderse de ella. El creciente endeudamiento es una consecuencia de que a la empresa estatal se le autoriza capitalizar por el Gobierno montos muy bajos con relación a los necesarios planes de inversión proyectados. Para este año se autorizó capitalizar US$380 millones de los excedentes del 2010. En 2009, durante la crisis, se autorizó US$1.000 millones. En 2010 se rechazó la petición de capitalizar parte de los excedentes.
El ministro Golborne se declaró sorprendido por la determinación. “No teníamos información –explicitó- de que hubiese algún conflicto latente. No había un antecedente para poder anticipar esta situación” (07/07/11). Golborne también se declaró sorprendido hace algunos meses por el conflicto del gas en Magallanes. Tampoco reaccionó cuando se privatizó totalmente EC-L (ex Edelnor).
La nueva dirección de Codelco, encabezada por Diego Hernández, puso fin a la llamada “alianza estratégica” establecida cuando era presidente ejecutivo Juan Villarzú, a mediados de los noventa. Para el presidente de su directorio, Gerardo Jofré, “se debe tener claro los roles de cada estamento. La administración es la que administra y los sindicatos deben velar por los derechos de los trabajadores y no por gestionar la empresa. (…) el directorio –recalcó- tiene un mandato de administrar y no de congestionar con los sindicatos” (07/07/11). Con estos criterios no resulta extraño que se declaren sorprendidos por la decisión de los trabajadores.
El escándalo de La Polar confirmó que, además, existen prácticas comerciales que afectan principalmente a las capas de menores ingresos de la población. La encuesta flash efectuada por Imaginacción, dio a conocer su gerente de Estudios, Luis Eduardo Escobar, revela que un 26% de los encuestados, reconoce que “su situación de deuda es inmanejable, es decir, son los que se endeudan para comer todos les meses” (03/07/11). Carlos Catalán, director del magíster en Comportamiento del Consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez, confirma este aserto, recalcando que desde una parte del C2 hasta las capas más pobres cuentan cada vez con menos liquidez. “Pagan –detalló- el dividendo, el colegio de los hijos, las cuotas de las casas comerciales, las cuentas y se acabó el sueldo” (03/07/11).
Por lo demás, la mecánica de los emisores de tarjetas, incluidas desde luego las bancarias, es dar las máximas facilidades para endeudarse, sabiendo que un porcentaje de los compromisos no se podrá cancelar a la fecha de su vencimiento lo que les permite aplicar tasas de interés abusivas. Ello es más fuerte aún en el caso de las tarjetas de las casas comerciales, ya que junto con cobrar la Tasa Máxima Convencional, que se aproxima al 50% anual, no existen regulaciones que las limiten por cobros adicionales. Franco Parisi, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Andrés Bello, constató al acceder a la cuenta de un cliente moroso de La Polar, que el interés anual total a pagar, si se consideraban todos los cobros, llegaba en un usurario a 164%.
Las encuestas de opinión pública de Adimark confirman lo señalado por su presidente. Roberto Méndez detalló en su intervención que en los cuatro últimos años la distancia entre la visión que tienen de la evolución económica los segmentos ABC1 y DE se amplió. La brecha se extendió de 9,8 puntos en 2008 a 18,6 en 2010, para llegar durante el presente año a 24,6 puntos. “Mientras en el grupo más rico –puntualizó Méndez- el 25% dice que está peor que hace un año, en el más pobre la percepción es de 51,5%”.
La encuesta de Adimark, correspondiente al mes de junio, confirmó el descontento de la población por la gestión gubernamental. “Durante el mes de junio –consignó el informe- la agenda pública estuvo marcada por las movilizaciones estudiantiles y el conflicto educacional, conflicto que, sin duda, dañó la evaluación del gobierno” (08/07/11). “Las encuestas muestran –expresó Roberto Méndez, en entrevista de prensa- que hay dos mundos que se han ido separando a medida que aumenta la desigualdad. El Chile de hoy –recalcó-, la gran demanda es la igualdad y eso es transversal en las manifestaciones de los estudiantes, de las minorías sexuales y de los medioambientalistas” (09/07/11). Apenas un 31% de los encuestados expresó aprobación de la gestión de Piñera, mientras un 62% manifestó su rechazo. La imposición de un salario mínimo, que reduce el poder adquisitivo de sus receptores, no puede sino contribuir en la misma dirección.
Por Hugo Fazio
El Ciudadano
