http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/contenido.php?seccion=problema_modelo
Hoy en Chile el “desarrollo” avanza a un ritmo frenético. Enormes proyectos industriales reciben sanciones políticas positivas para generar crecimiento económico en el corto plazo sin importar sus costos sociales, culturales, económicos y ecológicos negativos inmediatos, y menos aún los de largo plazo. Pangue, Ralco, Pascua Lama, Celco; millones de hectáreas de plantaciones de especies exóticas de crecimiento rápido, cuyo único destino es la tala rasa, enormes obras viales inconsultas, son sólo algunos ejemplos. Mientras en todas las regiones del país cunde la degradación social y ambiental, en Santiago cada día brotan más rascacielos, cada vez más altos y ostentosos.
Los desarrollistas argumentan que nuestros países deben inexorable e inevitablemente —como si fuese un rito societal de iniciación— pasar a través de esta fase de depredación y destrucción para poder consolidar una infraestructura básica y cimientos económicos. Según esta lógica, solamente entonces —y los países europeos son esgrimidos como ejemplo— se puede gradualmente comenzar a desfasar este modo de subdesarrollo y a implementar formas de producción menos dañinas y conservar lo que, a esa altura, vaya quedando de naturaleza. Tal argumentación contradice en forma fundamental las realidades ecológicas más básicas. El último informe global de la WWF, Informe Planeta Tierra Viviente – 2006, consigna claramente que los países así llamados “desarrollados” o “ricos”, son los que están dejando, sin sombra de duda, la mayor “huella ecológica” en el planeta, o sea que son los que están causando la mayor destrucción ecológica global, ya sea en forma directa en sus propios territorios, o en aquellos adonde han exportado sus “maquilas” —donde han instalado sus manufacturas—, o desde donde importan las materias primas para sus industrias. Las mayores huellas ecológicas las exhiben hoy, en primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos, en segundo lugar Estados Unidos, seguidos por Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y todos los países europeos.
Este argumento de la necesaria fase destructiva del desarrollo, seguida de una supuesta homeostasis no es más que una racionalización para justificar la depredación en los países del Tercer Mundo. Los países “desarrollados” en la forma que hemos descrito destruyen medio ambiente ad infinitum.
A muchos nos parece obvio, porque nos ha quedado claro desde hace bastante tiempo, que el supuesto “desarrollo” al estilo norteamericano, que busca un crecimiento económico sostenido basado en la conversión ilimitada, descontrolada de capital natural en capital monetario, no es progreso, sino por el contrario, es un proceso involutivo, destructivo, que conduce al colapso social y ambiental. En primer lugar, justamente porque el tipo de desarrollo en cuestión degrada y destruye masivamente la naturaleza, que es la única estructura orgánica que puede darnos calidad de vida y, en segundo lugar, porque la máquina social necesaria para efectuar esta autodestructiva explotación sin sentido genera una creciente patología social y cultural, que es exactamente la otra cara de este proceso de autodestrucción ecológica, dinamizado por la ambición de lograr una infinita “riqueza” material.
Estamos intentando detener la construcción de mega represas destructivas en nuestros bellos, vitales, cortos y frágiles ríos, y, contribuir a elevar la conciencia ambiental y a empoderar a las comunidades locales y a la ciudadanía en general.
Defender ahora los ríos Baker, Pascua, Futaleufú, Puelo, Cuervo y otros ríos y cuencas de la Patagonia es un deber ineludible y un derecho ciudadano.
Hoy en Chile el “desarrollo” avanza a un ritmo frenético. Enormes proyectos industriales reciben sanciones políticas positivas para generar crecimiento económico en el corto plazo sin importar sus costos sociales, culturales, económicos y ecológicos negativos inmediatos, y menos aún los de largo plazo. Pangue, Ralco, Pascua Lama, Celco; millones de hectáreas de plantaciones de especies exóticas de crecimiento rápido, cuyo único destino es la tala rasa, enormes obras viales inconsultas, son sólo algunos ejemplos. Mientras en todas las regiones del país cunde la degradación social y ambiental, en Santiago cada día brotan más rascacielos, cada vez más altos y ostentosos.
Las represas contribuyen a orientar los procesos sociales hacia una creciente centralización y concentración del poder, en todas sus formas, así como del control de los recursos naturales y del capital, lo que conduce, a la postre, a sistemas políticos tan autoritarios, jerarquizados e inequitativos, como ingratos e inestables
Los elevados niveles de destrucción ecológica y los graves problemas ambientales que acompañan a estos megaproyectos son consecuencia directa de un cierto tipo de modelo de desarrollo que en Chile comenzó a ser instalado con la conquista española y que fue consolidado manu militari. La proliferación de grandes represas hidroeléctricas y de otros megaproyectos energéticos intensivos en capital, y altamente destructivos, asociados, a su vez, a otros emprendimientos industriales a gran escala con similares características, son la manifestación más clara de un patrón, en gran medida importado, que pareciera que los países en vías de desarrollo tenemos que tragarnos entero, o perecer. La severa degradación de biorregiones, ecosistemas, cuencas, ríos y de las culturas y comunidades locales, es consustancial a la naturaleza de las grandes centrales hidroeléctricas. Estas, lejos de ser tecnologías neutras, contribuyen a orientar los procesos sociales hacia una creciente centralización y concentración del poder, en todas sus formas, así como del control de los recursos naturales y del capital, lo que conduce, a la postre, a sistemas políticos tan autoritarios, jerarquizados e inequitativos, como ingratos e inestables. Los desarrollistas argumentan que nuestros países deben inexorable e inevitablemente —como si fuese un rito societal de iniciación— pasar a través de esta fase de depredación y destrucción para poder consolidar una infraestructura básica y cimientos económicos. Según esta lógica, solamente entonces —y los países europeos son esgrimidos como ejemplo— se puede gradualmente comenzar a desfasar este modo de subdesarrollo y a implementar formas de producción menos dañinas y conservar lo que, a esa altura, vaya quedando de naturaleza. Tal argumentación contradice en forma fundamental las realidades ecológicas más básicas. El último informe global de la WWF, Informe Planeta Tierra Viviente – 2006, consigna claramente que los países así llamados “desarrollados” o “ricos”, son los que están dejando, sin sombra de duda, la mayor “huella ecológica” en el planeta, o sea que son los que están causando la mayor destrucción ecológica global, ya sea en forma directa en sus propios territorios, o en aquellos adonde han exportado sus “maquilas” —donde han instalado sus manufacturas—, o desde donde importan las materias primas para sus industrias. Las mayores huellas ecológicas las exhiben hoy, en primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos, en segundo lugar Estados Unidos, seguidos por Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y todos los países europeos.
Este argumento de la necesaria fase destructiva del desarrollo, seguida de una supuesta homeostasis no es más que una racionalización para justificar la depredación en los países del Tercer Mundo. Los países “desarrollados” en la forma que hemos descrito destruyen medio ambiente ad infinitum.
A muchos nos parece obvio, porque nos ha quedado claro desde hace bastante tiempo, que el supuesto “desarrollo” al estilo norteamericano, que busca un crecimiento económico sostenido basado en la conversión ilimitada, descontrolada de capital natural en capital monetario, no es progreso, sino por el contrario, es un proceso involutivo, destructivo, que conduce al colapso social y ambiental. En primer lugar, justamente porque el tipo de desarrollo en cuestión degrada y destruye masivamente la naturaleza, que es la única estructura orgánica que puede darnos calidad de vida y, en segundo lugar, porque la máquina social necesaria para efectuar esta autodestructiva explotación sin sentido genera una creciente patología social y cultural, que es exactamente la otra cara de este proceso de autodestrucción ecológica, dinamizado por la ambición de lograr una infinita “riqueza” material.
La pretensión de destruir las cuencas de ríos como el Baker, el Pascua, el Futaleufú, el Puelo debiera dolernos como una herida; como una pérdida personal, local, nacional y global.
Durante los últimos años, nuestras campañas por la defensa de los ríos de Chile y de sus cuencas y ecosistemas asociados, han contribuido a ampliar nuestra percepción de la realidad, tanto humana como de la naturaleza, y de la íntima interrelación entre ambas. Si fuésemos más sensibles o estuviésemos mejor informados, la pretensión de destruir las cuencas de ríos como el Baker, el Pascua, el Futaleufú, el Puelo debiera dolernos como una herida; como una pérdida personal, local, nacional y global. Estamos intentando detener la construcción de mega represas destructivas en nuestros bellos, vitales, cortos y frágiles ríos, y, contribuir a elevar la conciencia ambiental y a empoderar a las comunidades locales y a la ciudadanía en general.
Defender ahora los ríos Baker, Pascua, Futaleufú, Puelo, Cuervo y otros ríos y cuencas de la Patagonia es un deber ineludible y un derecho ciudadano.
Presento aquí el registro de plantas "patentadas", o en lenguaje oficial, plantas registradas por un obtentor, bajo normas del convenio internacional de "protección" de semillas UPOV año 78 y según lo dispuesto en la Ley 19.342, del año 1994, que creó el Registro de Variedades Protegidas. Toda la información es oficial al 31 de Marzo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
En sólo 20 nombres se concentra la propiedad de 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada en Chile. CIPER investigó el ranking y descubrió que junto a los gigantes del rubro –Soquimich, Antofagasta Minerals, BHP, Barrick- figuran personas naturales que no son sus verdaderos dueños y que obstruyen ese mercado. Y están también los que han acaparado para hacer negocio con empresas eléctricas, como HidroAysén o Endesa, en una estrategia clave para sus proyectos de expansión. Una de ellas es María Teresa Cañas Pinochet y su sorprendente cartera de inversiones. 
En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José), y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación.
Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a CIPER la lógica detrás del uso de terceros:
En Canadá, también país minero, ocurre lo contrario: la mayor parte de su territorio está libre para que las empresas de exploración (básicamente medianas) hagan su trabajo. Lo mismo pasa en México, Argentina, Perú y Australia. En Chile, es al revés, las grandes empresas acumulan por años miles de hectáreas, explorando y explotando apenas un porcentaje.
Otra consecuencia de este modelo ha sido el surgimiento de los llamados “mineros de papel”: personas que adquieren concesiones mineras no para explotar, sino para negociar sus derechos con grandes empresas, que no necesariamente son mineras. Porque la concesión da derechos sobre el subsuelo de un terreno, lo que finalmente determina el valor de una propiedad y la viabilidad de distintos proyectos.
-Endesa es dueña de los ríos más importantes del sur. Para poder asegurar las áreas de inundación de cada una de sus centrales, lo que hace es tratar de bajar el valor de la tierra para luego tomar su control. ¿Cómo? A través de la Ley Minera. Como por estatutos corporativos Endesa no puede hacer los pedimentos mineros directamente, lo hace a través de María Teresa Cañas.
“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile”, explica.
Otro profesional que acumula miles de hectáreas de propiedad minera de exploración, es Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana y uno de los más destacados abogados mineros en Chile, según el ranking Chambers. De acuerdo a la nómina de Sernageomin, en 2007 estaba en el séptimo lugar, con 213.500 hectáreas, apenas tres puestos más atrás que el gigante Soquimich. En 2010, pasó al lugar 13, con 157.700 hectáreas, casi la mitad de las que posee el poderoso grupo Luksic a través de su holding Antofagasta Minerals.